enero 2017

El "Kareteca" segundo al mando del Cártel de Los Arellano Félix y mando derecha de "El Piloto" Arellano revela era escondido en instalaciones de la PEP

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

En sus primeras declaraciones ante la autoridad Carlos Garmiño González “El Karateka” pone a temblar a varios mandos de la policía estatal preventiva, entre ellos a Oziel Garcia Hernandez “El Loco” su principal protector, ya que declara que cuando se sentía amenazado, Oziel lo escondía en las instalaciones de la PEP , en zona Rio, esto toda la policía lo sabe, añade.

También menciona que el secretario de Seguridad Publica Estatal Daniel de la Rosa estaba enterado de que las oficinas de la PEP eran su refugio a pesar de ser miembro del crimen organizado y que se le estaba señalando de decenas de asesinatos por ajustes de cuentas en la guerra por el control del narcomenudeo en Tijuana recientemente.

Como de costumbre de la Rosa no hizo nada y en lugar de sancionar al menos administrativamente a Garcia Hernandez “El Loco”, se unió a la protección de “El Karateka” y de esta forma de la Rosa Anaya  ya no no solo estaría en la nomina del Cartel de Sinaloa sino también del Cartel arellano Felix.

LA DETENCIÓN DE “EL KARATECA”

El viernes 22 de febrero Carlos Garmiño González o Edgar Navarro Águila alias “El Karateka” de 25 años fue detenido en compañia Juan Alberto Juárez Cabrera, alias “El Bananas” o “El Fashion” de 30 años, ambos responsables de la seguridad del considerado jefe de sicarios del Cártel de los Arellano Félix.

Fueron detenidos sobre la carretera federal número 2, San Luis Río Colorado–Mexicali, a la altura del Km 47, en dirección a la capital de Baja California, zona en la que los detenidos ofrecieron dinero y el vehículo que tripulaban a cambio de su libertad.

Garmiño González fue detenido en posesión de armas de fuego y droga en un operativo en Mexicali donde unieron fuerzas la Policía Federal, Policía Estatal Preventiva y elementos del Ejército Mexicano, según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Señalado en varias investigaciones como el segundo al mando del Cártel Arellano Félix, autodenominados nueva generación y mano derecha de “El Piloto”, hijo del fallecido Ramón Arellano Félix y líder de la nueva estructura del cártel, para quien realizaba trabajos de logística criminal.

“El Karateca” también fungía como jefe de sicarios y se le atribuyen diversos homicidios tanto en Tijuana como en el resto de Baja California.

Detenidos custodiados por agentes.

La detención de “El Karateka” comenzó a concretarse luego de la aprehensión de José Israel Villa Quiñones, de 31 años; Benjamín Orozco Montero, de 29 años y Jorge Guzmán González, de 18 años con un arsenal de armas cortas y largas, radios de comunicación, cartuchos y capuchas, en agosto en Tijuana.

Extradiciones se complican; hasta los prófugos Caro Quintero, “El Mencho”, “El Azul” y “El Mayo”, son “moneda de cambio”

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

Ante una incierta política de colaboración contra el crimen, las extradiciones podrían “empantanarse” entre México y los Estados Unidos. Más de 60 narcotraficantes mexicanos y algunos extranjeros aguardan en prisiones del país la resolución de su proceso. Ante un endurecimiento de las medidas de seguridad, comercio, migración y hasta diplomáticas de los norteamericanos, México tiene “un as bajo la manga”, asegura el investigador español Jesús Pérez Caballero. 

“El H”, “El Z-40”, “La Tuta”, “El Viceroy”, “El Cuini” y hasta los prófugos Rafael Caro Quintero, “El Mencho”, “El Azul” y “El Mayo” Zambada, son “moneda de cambio”   Antes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, México entregó en extradición a 86 presuntos delincuentes a los Estados Unidos en un lapso de nueve meses. A cambio, el gobierno norteamericano entregó a nuestro país a siete connacionales -por la misma vía- para ser procesados. Ahora el panorama en materia de extradiciones parece incierto, cuando hay más de sesenta presuntos narcotraficantes en espera de ser enviados a la Unión Americana. 

La entrega del ex líder del Cártel de Sinaloa durante el último día de la gestión de Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos pudo haber sido la última extradición “amable” entre ambos países, se escuchan voces de analistas sobre el tema, a unos días de que Donald Trump se convirtiera en nuevo mandatario. Los primeros mensajes emitidos por el magnate han advertido que la relación bilateral será muy turbulenta. 

En opinión del investigador académico español, radicado en México, Jesús Pérez Caballero, la “administración Trump” va a instrumentalizar la llamada guerra contra el narcotráfico y los actos más violentos cometidos por agrupaciones de narcotraficantes mexicanos, para obtener un débito político, económico o migratorio, para presionar en México la adopción de un rol de sumisión a las políticas del nuevo gobierno republicano. Así como los estadounidenses son los principales socios comerciales, también en materia de justicia son la nación con la que México tiene un mayor intercambio en lo que se refiere a delincuentes prófugos, pues durante el periodo del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, de los 90 presos (cuatro mujeres y 86 varones) entregados a países extranjeros, 86 fueron para Estados Unidos, según información de la Procuraduría General de la República (PGR). Rafael Caro Quintero .

Entrevistado por ZETA, Pérez Caballero enfatizó que durante los ocho años de la administración de Obama hubo una continuidad en el trato, tanto con Felipe Calderón, como con Enrique Peña Nieto, e incluso la candidata derrotada, Hillary Clinton, mostró un apego a la manera de entender los problemas que comparten las dos naciones, “lo que no sucede con Donald Trump”. Presuntos narcotraficantes de diversos cárteles de la droga, del calibre de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”, Abigael González Valencia “El Cuini”, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales “El Z-40” y “El Z-42”; Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” y el propio hermano de “El Chapo”, Miguel Ángel Guzmán Loera “El Mudo”, se encuentran en espera de ser extraditados al país del norte.   

Presente y futuro La extradición materializada del “Chapo” Guzmán, que ha sido como el símbolo de la lucha contra el narcotráfico dentro de la narrativa compartida por México y Estados Unidos, justo en ese momento político, antes de la investida de Trump, revela ese gesto hacia la administración Obama, reconoce el también doctor en Seguridad Internacional y becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Está claro que el gobierno mexicano no quiso mostrarse hostil ante Trump, por tanto, justo en ese momento que actúa como bisagra, administración saliente, administración entrante. 

Desde mi punto de vista, puede interpretarse -a falta de más datos- como una maniobra política en la que se muestra tanto un reconocimiento a la administración saliente como la apertura a seguir colaborando con la administración entrante”, afirma el investigador. Pérez Caballero estima que la entrega de Guzmán Loera no tiene por qué ser una cuestión especialmente criticable, en la medida en que no se vulneraron los derechos del “Chapo”, quien se había convertido en un sujeto problemático por sus fugas y la posibilidad de activar núcleos de corrupción que le permitieron tener un trato diferenciado en prisión. Aunque admite que el ritmo judicial se adaptó al ritmo del Ejecutivo mexicano para que la extradición fuese posible en la fecha que se consumó. 

Sobre el futuro de las extradiciones de capos, pendientes de concluir su procedimiento y ejecutar, el experto ibérico manifestó que en el tema siempre ha habido matices no solo jurídicos, sino políticos, entendidos como una serie de gestos, una serie de acciones para mostrar, para mandar un mensaje al país al que se extradita y también a las instituciones, a la ciudadanía o a los posibles individuos a extraditar. “¿Cómo entender desde esa perspectiva las posibles extradiciones futuras a Estados Unidos de altos narcotraficantes? Pues, va a depender de qué mensaje se quiere dar a Estados Unidos. Va a depender de si la administración Trump presiona, por ejemplo, para que se extradite a determinado personaje. 

Va a también depender de si esos individuos capturados pueden ser útiles para el gobierno mexicano”, expresó el doctor Pérez. El entrevistado aclaró que la extradición también se guía por criterios de opinión pública y no es lo mismo la fiscalización que pueda hacer la ciudadanía y los medios de comunicación, de un caso como el del “Chapo” Guzmán, “que cada equis tiempo aparece en los medios, por la propia naturaleza de la figura mediática de ese sujeto, que de otros altos narcotraficantes que no tengan ese perfil mediático. Habrá que ver cómo se utiliza la figura de la extradición, sí se quiere para ganar visibilidad, si se quiere mandar un mensaje a la ciudadanía, si se quiere mandar un mensaje de firmeza, etcétera”.   

Las posturas Donald Trump ya emitió un mensaje de los inminentes cambios en su relación política, comercial, migratoria y de seguridad con los demás países del mundo, entre ellos México, con el que comparte límites territoriales, y por tanto, “es probable que Trump sea menos tolerante a acciones de una auto-regulación más propensa al narcotráfico. Acciones de legalización, por ejemplo. Es probable que Trump sea bastante reactivo. Es probable también que se implemente una política de mano dura y se presione a México. 

Es probable que cualquier acto que sea percibido en las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos se magnifique y sirva para seguir presionando a México”, destaca Jesús Pérez Caballero. “Vamos a ver cómo este juego en esta relación se insertan las asociaciones de narcotraficantes mexicanos o los grupos del crimen organizado; cómo pueden, a lo mejor, con acciones propagandísticas, planear acciones violentas contra intereses estadounidenses o fronterizos. Pueden tensar la relación. 

Está claro que ante un -digamos- ‘elefante’ -por usar la metáfora- como es Trump, que sobre reacciona ante cualquier acto, es muy fácil que las ‘avispas’ del crimen organizado puedan molestarle, puedan crear una acción-reacción con consecuencias que por el momento no podemos prever”. Vicente Carrillo Fuentes, alias Viceroy.


El investigador apuntó que es probable que se haga más evidente la estrategia punitiva de los Estados Unidos, como lo advierte la construcción del muro, “o lo que implica en cuanto a coste de derechos humanos o de seguir en la ‘respiración asistida’ que supone la estrategia de militarización”. Por su parte, “las autoridades mexicanas no implementan acciones profundas, de reforma judicial, policial, etcétera, y siguen dependiendo de ese marco contra-insurgente”. La figura de la extradición va a seguir siendo utilizada para enviar mensajes, tanto para Estados Unidos como para México, la propia sociedad mexicana, como para los sujetos extraditados, “pero no creo que exista, hoy por hoy, una política de entrega sistemática o recurrente de altos narcotraficantes a la administración de Estados Unidos, sobre todo porque de explicitarse esa política, México perdería el ‘as bajo la manga’, perdería esa capacidad de jugar con la posibilidad de extraditar o no. 

Es decir, también la extradición es una baja política que puede ponerse en el tablero en un entorno volátil”.   Narcos en “capilla” Además de los delincuentes entregados en extradición, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nueve meses entre 2015 y 2016, México trasladó a 17 extranjeros sentenciados en nuestro país a sus lugares de origen para que concluyeran con las condenas impuestas en tribunales mexicanos; en cambio, fueron transferidos a México 24 connacionales para el cumplimiento de sus penas, de acuerdo con los Tratados de Ejecución de Sentencias Penales. 

En suelo mexicano, en cárceles federales, la mayoría en el penal de máxima seguridad Altiplano, se encuentran más de cincuenta presuntos narcotraficantes de alto perfil que son reclamados en extradición por Estados Unidos, aunque no en todos los casos han efectuado la petición formal. 

Junto con los capos no detenidos, la lista rebasa los sesenta personajes, muchos de ellos conocidos a través de los medios de comunicación. 

La lista de extraditables la inicia Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H” y continúa con Ismael Zambada Imperial, Servando Gómez Martínez, Vicente Carrillo Fuentes, Miguel Ángel Treviño Morales, Óscar Omar Treviño Morales, Héctor Manuel Avendaño Ojeda, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, Adán Salazar Zamorano, Rodolfo López Ibarra, Carlos Navarro Durazo, Ángel Domínguez Ramírez, Rubén Antonio Calderilla Reyes, Alfonso Lira Sotelo, Luis Arellano Romero, Juan Francisco Sillas Rocha, Carlos Herrera Ávalos y/o Gustavo Rivera Martínez. También reclama en investigaciones norteamericanas a Abigael González Valencia, Fernando Sánchez Arellano, Mario Alberto Ramírez Treviño, J. Jesús Méndez Vargas, Juan José Álvarez Tostado Galván, Martín Gaudencio Avendaño, Carlos Alberto Cerda Torres, Rafael Duarte Torres, Alfonso Limón Sánchez, Felipe Cabrera Sarabia, José Antonio Torres Marrufo, Valentín Sáenz Cruz, Luis Guillermo Castillo Rubio, Rubén Garza Rodríguez, Noel Salgueiro Nevárez, Inés Enrique Torres Acosta, Fidel Urbina y Rafael Rivera Salomón. El suegro del “Chapo” Guzmán, Inés Coronel Barrera, está entre los pendientes de formalizar. Y la lista sigue con Gabino Peralta Saucedo, Juan Padilla Vizcarra, Jesús Ramón Núñez Angulo, Rafael Guadalupe Félix Núñez, Sergio Garza Treviño, Jesús Raúl Beltrán León, Arnoldo Rueda Molina, Ramón Álvarez Ayala, Miguel Ángel Guzmán Loera, Víctor Manuel Félix Félix, Miguel Ángel Aramiz Herrera, Juan Jesús Flores Lara, Francisco Javier Cantabrana Parra, Lucio Hernández Lechuga, Alfredo Andrade Parra, José Meléndez Tarín Óscar Mogollón Restrepo y Gerardo Álvarez Vázquez. Por los personajes más mediáticos, no detenidos, se menciona al célebre Rafael Caro Quintero, Emilio Sajid Quintero Navidad “El Cadete” (primo de Caro), Ismael “El Mayo” Zambada García, Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”. Capos de todos “colores” que son codiciados para ser llevados por la justicia estadounidense con múltiples cargos en sus cortes federales.

Comandante Entrega La Plaza; "Tienes 5 días para botarte a la verG…@, le escribieron en ramo fúnebre

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

Jiménez.- El jefe de Policía en Villa Lopez Yuri Armando  Gutiérrez, renunció al cargo y se fue del poblado tras ser amenazado por el crimen organizado.

La renuncia del jefe policiaco se produjo una semana después de ser rafagueada la Comandancia de Policía y recibir una corona de muerto con 5 días de plazo para dejar la Jefatura.

-Tienes 5 dias para botarte a la verga- le escribieron en ramo fúnebre.
Y Yuri Armando Gutierrez se botó.

Fuentes policiacas confirmaron que Gutiérrez se fue definitivamente del poblado para no ser ejecutado y ahora los narcotraficantes serán los encargados de manejar el poblado.

Villa López se une a los narcomunicipios del sur del Estado que son propiedad del crimen organizado.

“El Mochomito”, sobrino de “El Chapo”, y el CJNG, presuntos responsables del robo de gasolina en Puebla

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

La violencia en ascenso en la zona limítrofe en Puebla y Veracruz estalló a raíz de la guerra declarada por el narcojunior y sobrino de “El Chapo”, Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, en contra de Los Zetas.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo/PeriódicoCentral).- Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito” –sobrino y heredero de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loaera– opera el robo de hidrocarburo en la zona del Triángulo Rojo de Puebla, esto en alianza con miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso PeriódicoCentral, “El Mochomito” ha comenzado una guerra en contra de Los Zetas por el control de las zonas donde ocurre la extracción ilícita de combustible de los ductos de Pemex.

Los enfrentamientos entre los operadores de “El Mochomito” y miembros del CJNG en la franja limítrofe entre Puebla y Veracruz han provocado la ola de violencia que ha arreciado en el último año.

La operación de los miembros del CJNG en Puebla implica el cooptar a los propietarios de terrenos cercanos a las tomas de hidrocarburo, la compra de información dentro de funcionarios de Petróleos Mexicanos para conocer los flujos del combustible, pagos a familias completas que se prestan para la ordeña y traslado, así como la comercialización entre los cuatro estados en donde “El Mochomito” tiene el control del robo de hidrocarburo.

A pesar de que el 9 de diciembre del 2016 Jesús Alfredo Beltrán Guzmán fue detenido “por un exceso de confianza dentro de una barbería en Zapopan, Jalisco” según informó el portal web Zeta Tijuana, la influencia del capo de apenas 24 años de edad se mantiene a través de operadores del cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El Mochomito” es señalado como el responsable del secuestro de sus primos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, ocurrido en agosto pasado, cuando los hijos del líder de cartel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán se encontraban en el restaurante “La Leche”, en Puerto Vallarta.

Proceso indica que “El Mochomito” es uno de los llamados narcojuniors. Es el hijo mayor de Alfredo Beltrán Leyva y Patricia Guzmán Núñez, quien es sobrina de Joaquín Guzmán Loera. Además, es nieto de Ernesto Guzmán Hidalgo, medio hermano del “Chapo”. Alfredo Beltrán Guzmán es cercano a las cúpulas tanto del Cártel de los Beltrán Leyva como al de Sinaloa.

La influencia de “El Mochomito” le valió su alianza con Rafael Caro Quintero, quien tras dejar la prisión cerró filas. Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, los Beltrán Leyva e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación se encuentran aliados con Caro Quintero para el cruce de drogas en la frontera norte del país.

A sus 24 años de edad, Jesús Alfredo Beltrán es el narco más poderoso del país, según información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Cuenta con sus propias alianzas e influencia sobre el Cártel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para enfrentar a Los Zetas mantiene relación con miembros del Cártel del Golfo, ya que busca arrebatarles el control del centro del país, y esto en Puebla ha generado el alza de la violencia. Tan solo en la última semana se han registrado cuatro enfrentamientos entre bandas de la delincuencia organizada.

La madrugada de este domingo 29 de enero ocurrió un nuevo enfrentamiento entre huachicoleros y autoridades. Ocurrió la madrugada este domingo, en el municipio de Acajete. Este es el cuarto enfrentamiento entre elementos de seguridad y ladrones de combustible en menos de una semana en el estado de Puebla.

PeriódicoCentral informó de una balacera entre elementos de seguridad y presuntos huachicoleros el pasado 25 de enero, en la junta auxiliar de San Bartolomé Hueyapan, perteneciente al municipio de Tepeaca. El miércoles 25 de abril un grupo de ministeriales escapó de varios huachicoleros en ciudad Serdán, después de un enfrentamiento en un operativo. Y el 24 de enero de un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos huachicoleros en la junta auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán, del municipio de Acajete. Tras el incidente no se reportaron muertos o heridos así como tampoco detenidos.

"POLITICA de EXTERMINIO: el EJERCITO de CALDERON "NO IBA a DETENER GENTE,IBA a MATARLA"…y no distinguia entre pecadores y penitentes.

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

Durante el sexenio de Felipe Calderón los operativos del Ejército registraron altos índices de letalidad en los que casi siempre hubo más muertos que heridos.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), basado en información oficial de 3 mil 327 combates registrados en el sexenio pasado, establece que cuatro de cada diez combates fueron “eventos de letalidad perfecta”, es decir, sólo registraron muertos y ningún herido.

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Los denominados “eventos de letalidad perfecta” incrementaron año con año, pues mientras en 2007 hubo 15, para 2011 hubo 451, además de que en ellos se dieron el 86 por ciento de las 3 mil 413 muertes de presuntos delincuentes registradas en combate.

Estas cifras, señaló Alejandro Madrazo, autor junto con Laura Atuesta y Óscar Siordia del estudio, evidencian que lo que hubo fue una actuación sistemática de las fuerzas armadas para exterminar “presuntos delincuentes”.


“Desde 2011 ya teníamos fuertes indicios que lo que había era una política de exterminio, los hallazgos que nosotros pudimos hacer con esta base de datos, nos dicen dos cosas o tres cosas que van en ese sentido”, señaló.

La política de exterminio, explicó, se dio, o bien porque las fuerzas armadas hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, o bien porque cometieron ejecuciones extra judiciales, cuando ya los presuntos delincuentes estaban vencidos.

Ejemplo de estas dos hipótesis, dijo, son los hechos ocurridos en este sexenio en Tlatlaya, Estado de México, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales en algunas de las 22 muertes registradas, y en Tanhuato, Michoacán, donde la Policía Federal abatió a 42 personas.


“Todos los indicios nos dicen que lo que se está buscando es maximizar el número de muertos, que no iban a detener a gente para procesarla penalmente, que lo que iban era a matarla, y eso es muy preocupante, y sobre todo eso embona muy bien con el hecho de que hay muy poquitas averiguaciones previas iniciadas por esa muertes”, señaló.

El estudio del CIDE fue elaborado con base en información oficial que de manera anónima fue entregada al CIDE de las operaciones realizada por las fuerzas armadas del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2011 y los resultados fueron obtenidos después de un trabajo que implicó analizar mil 561 registros a través de 52 variables.

Los índices de letalidad, refirió Madrazo, son muy superiores a los que registran ejércitos en guerra, en donde generalmente hay más heridos que muertos, pero en el caso mexicano, en el periodo analizado, esto no tuvo ese comportamiento.

“En su momento, el Centro Pro dio a conocer en el caso Tlatlaya que había una orden (militar) que decía que había que guardarse en los cuarteles durante el día y salir de noche masivamente, por lo menos en esa región militar tenemos un caso, en el cual hay una orden de exterminio, de limpieza social y no una orden de ir a detener delincuentes, una orden de ir a exterminar delincuentes”, resaltó Madrazo.

Fuente.-

"NO TRABAJAMOS para E.U y NO ESTAMOS en GUERRA CONTRA el NARCO",DICE OSORIO CHONG…cierto,solo hacemos lo que ellos piden y el Narco es el que esta en guerra con el gobierno.

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que México no está en guerra contra el narcotráfico ni trabaja para garantizar la seguridad de Estados Unidos.

De esta manera, respondió al ex Presidente Felipe Calderón, quien declaró que, de no haber un acuerdo con Donald Trump, como represalia México podría aligerar el combate al narcotráfico y retirar retenes del Ejército mexicano en carreteras que van a Estados Unidos.

“La postura de un ex Presidente (Calderón) que decía que si no hay acuerdo respecto a nuestras dos naciones, me refiero a Estados Unidos y México, retiramos todo el tema de seguridad, yo quiero decirlo y con toda puntualidad: primero, nosotros no estamos en una guerra, como se venía planteado anteriormente, nosotros estamos trabajando por la seguridad de las y los mexicanos”, aseveró Osorio Chong en conferencia de prensa.


“Y segundo tema, nosotros no estamos trabajando por la seguridad de otra nación, estamos trabajando en el tema de la inseguridad, de regresar la tranquilidad a partir de servirles a los y las mexicanas, no le estamos haciendo el trabajo a otras naciones”.

El titular de la Secretaría de Gobernación añadió que México no tiene por qué resolver los problemas de seguridad de otros países.

“Así que este planteamiento no nos cuadra a nosotros, porque nosotros no tenemos un acuerdo para resolverle los problemas a otras naciones; nosotros estamos trabajando para devolverle lo que se les arrebató a los mexicanos hace algún tiempo ya que es su tranquilidad y su seguridad”, sostuvo.

México, listo para recibir a deportados


México está preparado para recibir a todos los connacionales que vayan a ser deportados por la Administración de Donald Trump, reiteró Miguel Ángel Osorio Chong.

“Estamos listos, preparados para cualquier política pública, que incluso ya ha sido anunciada, de la deportación de más mexicanos”, afirmó tras sostener una reunión privada con los diputados del PRI.

“Nosotros tenemos un programa funcionando desde 2014, tendremos que ampliarlo, pero no tenemos dificultad para los que regresan”.

El funcionario detalló que las amenazas de Trump de deportar a 3 millones de paisanos que se encuentran en la Unión Americana son equiparables a los más de 2.5 millones que deportó el Gobierno de Barack Obama.

Osorio Chong expuso que en su reunión con los legisladores del tricolor se abordó el tema de los flujos migratorios tanto externos como internos.

Sin dar ninguna cifra, afirmó que actualmente siguen siendo más los mexicanos que regresan al País que los que migran a Estados Unidos.

 Fuente.-

REPATRIARÁ Tamaulipas a cubanos

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, anunció que los cubanos varados en la frontera de Tamaulipas, serán repatriados a su país, por no tener la posibilidad de cruzar a Estados Unidos y obtener asilo político.

El funcionario estatal consideró que el problema es complejo porque anteriormente Estados Unidos autorizaba la entrada de cualquier ciudadano de Cuba, hasta que llegó al poder Donald Trump, y cambiaron las reglas migratorias.

“Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, pues ya el programa de Pies Mojados, Pies Secos, quien no llegue por agua no puede entrar y obviamente eso no deja de ser un problema para nosotros como Estado”, refirió.

Verástegui Ostos también dijo: “Lo que vamos a hacer es repatriar a los cubanos o centroamericanos que están en nuestro territorio, porque es un problema muy grave para nuestro estado”.

El Secretario General de Gobierno dijo que la mayoría de los cubanos se concentran en Nuevo Laredo y Reynosa, pero puede haber más en otras ciudades del Estado.

“El tema migratorio sí es un problema que incluso estamos buscando plantearle a la federación y a otros estados un proyecto que nos permita que los manden por un solo puente a tales horas, es un tema muy complejo que es difícil de explicar en pocas palabras”, declaró.

Dijo que porque todo aquel repatriado que llega a Tamaulipas recibe atención, pero de todas maneras ellos buscan regresar porque dejaron un bien material, o en Estados Unidos tienen parte de su familia y están con la esperanza de regresar.

“Entonces se nos sale de nuestras manos porque no tenemos la infraestructura para apoyarlos al cien, hacemos todo lo posible, las casa de migrantes nos ayudan con el trabajo pero la verdad es que es un tema muy complejo. Necesitamos que la federación entienda que Tamaulipas es un estado receptor de repatriados y con un flujo migratorio constante”, finalizó.

"APLANADO" el NUEVO PLAN del GOBIERNO FEDERAL para "REDUCIR HOMCIDIOS" en 5O CIUDADES y 20 ENTIDADES…por la facha no se le ve fecha.

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

El nuevo plan que el gobierno puso en marcha para frenar el alza de homicidios es una estrategia de dos fases que se aplica en 50 municipios e incluye: despliegue de grupos de reacción inmediata con fuerzas federales y militares, acciones de prevención diseñadas para las características específicas de cada municipio, y el fortalecimiento de las corporaciones policiacas a nivel local.

Animal Político obtuvo a través de solicitudes de transparencia presentadas ante varias dependencias del gobierno federal, el documento oficial que desglosa la estructura vertebral de esta estrategia anunciada desde agosto de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, pero cuyos detalles no se habían dado a conocer oficialmente hasta ahora.
El documento confirma la sospecha de especialistas respecto a que este plan se concentra en 50 municipios ubicados en 20 estados, que acumulan el 42 por ciento del total de los homicidios dolosos registrados en México.
La estrategia ha sido criticada por activistas que consideran que dicha medición deja fuera a localidades con altas tasas de homicidio.
Sin embargo, según el diagnóstico que incluye el documento oficial, el homicidio se encuentra “focalizado en algunos municipios”.
“Es por ello que el Gabinete de seguridad optó por una estrategia de atención integral para que de manera coordinada los tres órdenes de gobierno establecieran acciones inmediatas en las localidades del país que concentran el mayor número de homicidios dolosos”,  indica la introducción del plan.
Esta estrategia, añade el documento, está sustentada en “operaciones interinstitucionales” que consisten en un mecanismo de coordinación entre los niveles municipales, estatal y federal para llevar a cabo tareas “simultaneas y permanentes”.
Una revisión hecha por Animal Político de las cifras de homicidio durante los cuatro meses de aplicación de esta estrategia revela que, con excepción del primer mes, se ha conseguido una ligera tendencia a la baja de los homicidios aunque el nivel sigue siendo muy superior al del último cuatrimestre de 2015.

Plan de dos fases

El documento de la denominada “Estrategia Integral de Atención prioritaria a municipios que concentran el Mayor Número de Homicidios Dolosos” desglosa el plan en siete acciones divididas en dos fases: acciones inmediatas y acciones progresivas.
En el grupo de acciones inmediatas la primera acción que se enumera es el despliegue en cada municipio de una “Fuerza de Reacción Inmediata Mixta” que estará integrada por personal del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, así como elementos de la fuerza estatal y municipal si hay disponibles.
De acuerdo con el documento estos grupos especiales de reacción deben ajustarse a los parámetros vigentes de uso legal de la fuerza y respeto a los derechos humanos.
La segunda acción comprende el “mantener una comunicación permanente” para dar seguimiento a las acciones interinstitucionales que se lleven a cabo, y establecer una evaluación de los resultados.
Como tercer punto de las acciones inmediatas está el establecimiento de mesas de trabajo y coordinación en cada una de las 20 entidades federativas en donde están los municipios prioritarios pero con el agregado del nombramiento de un Coordinador General al frente de las acciones.
Por otro lado, el grupo de acciones progresivas contempla cuatro estrategias cuyo objetivo es ponerlas en marcha en el mediano plazo. La primera de ellas comprende el diseño de proyectos de prevención de la violencia pero diferenciados, es decir, atendiendo las particularidades de cada municipio. Esto con Base en los índices propios de incidencia delictiva, desigualdad social, pobreza y rezago.
El segundo punto de las acciones progresivas es impulsar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, procuradurías y sistemas penitenciarios. Esto con planes de profesionalización y especialización.
Lo que no se explica en este punto es la diferencia respecto a la profesionalización que – en teoría- se está impulsando en las instituciones de seguridad pública de todo el país desde el sexenio pasado.
El tercer punto que detalla el documento es el “fortalecimiento en el modelo de justicia cívica, cultura de la legalidad y buen gobierno” sin que se den mayores detalles, y el cuarto es la “puesta en marcha de acciones de vinculación social y participación ciudadana de apoyos a los municipios”.
En el documento entregado vía transparencia no se detallan indicadores ni plazos relacionados con esta estrategia, ni se aclara si será de forma permanente o temporal.
Lo único que se indica es que el objetivo de todas estas acciones es generar paz y tranquilidad en la ciudadanía mediante la disminución de factores de riesgo asociados a la criminalidad, el fortalecimiento del tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito, la violencia y la delincuencia”.

Por cinco meses no se dio información

El 30 de agosto, durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque de esta nueva estrategia de seguridad en 50 municipios que se pondría en marcha de inmediato, sin embargo, no dio los detalles de la misma.
En meses posteriores el gobierno presumió de resultados positivos gracias a la aplicación de este plan, pero sin explicar a fondo en qué consistía.
En ese contexto Animal Político solicitó los detalles de la misma mediante solicitudes de transparencia a todas las dependencias del gabinete de seguridad.
Presidencia respondió primero declarando “la inexistencia” de cualquier información relacionada con este plan; la PGR respondió en el sentido de que sus labores son de investigación de los delitos por lo que no estaba en sus facultades el diseño ni implementación de una estrategia de este tipo; por su parte la Secretaría de Gobernación respondió a través de distintas áreas de la Comisión Nacional de Seguridad que no contaba con información relacionada con la estrategia.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue la instancia que entregó  el referido documento de siete páginas.

Un balance de claroscuros

Durante los cuatro meses de aplicación de esta nueva estrategia, que corresponden al último cuatrimestre del 2016, el nivel de homicidios en el país refleja resultados positivos y negativos.
Por ejemplo, en el primer mes de aplicación (septiembre de 2016) los homicidios continuaron con la tendencia al alza que ya presentaban a lo largo del año, y alcanzaron una cifra mensual récord para ese año de mil 982 averiguaciones previas por este delito en el país.
Pero en los últimos tres meses se registró una ligera tendencia a la baja en este delito,  y el año concluyó con mil 846 homicidios dolosos en diciembre.

Aun así, el balance del último cuatrimestre del año dejó un saldo de siete mil 559 averiguaciones por homicidio doloso, que equivalen a un incremento de casi el 30 por ciento de los asesinatos en comparación con el mismo periodo pero del 2015.
Fuente.-AnimalPolitico

LEY de SEGURIDAD INTERIOR,DEGRADA lo POLICIACO y FORTALECE lo MILITAR…con poder de control y descontrol.

enero 31, 2017 // 0 Comentarios

El 10 de enero de 2017 iniciaron los debates en el Congreso sobre la regulación del uso de la fuerza en el país o lo que se ha denominado como “debate sobre la Ley de Seguridad Interior”. ¿Qué instituciones y quién les debe dar la orden de acción? ¿Sobre qué leyes? ¿Quién cuenta con capacidades y para qué contingencias? 
Estos son los temas que se debatirán a raíz de los llamados a la acción legislativa por parte del general Salvador Cienfuegos debido a que: los legisladores no han establecido en la ley los límites que debe observar el ejército en operaciones de seguridad; no hay respaldo presupuestal para las fuerzas armadas; el nuevo sistema de justicia penal no opera como debería; las policías no hacen el trabajo para el que se les paga y los estados no han reformado sus policías en los últimos 10 años.1 
Como dicen los mandos militares, se necesitan clarificaciones conceptuales y legales y hasta un manejo preciso del lenguaje para evitar confusiones, sobre todo ahora que se llega al centenario de la Constitución. 
Sin embargo, a los militares los regula, entre otros, el artículo 129 que dice que deben estar en tiempos de paz en los cuarteles. ¿Esto quiere decir que estuvieron 100 años fuera de la ley? Sí y no. Sí, por falta de regulación (apegándonos al artículo 129). No, porque la cadena de mando inicia en el presidente de la república y él gira las instrucciones sin que medie alguna otra regulación (artículo 89). 
En ausencia de leyes durante 100 años, el presidente interpreta y ordena. Una lectura precisa nos indica que los militares no violaron la ley, pues no había ley para ser violada. Pero sólo el presidente interpreta esos vacíos legales y ordena el despliegue de los efectivos castrenses. 
Así es la Constitución mexicana, abundante en muchas cosas, no respetada en otras y con muchos vacíos, sobre todo lo referente a lo policiaco, lo militar y en general a la seguridad, a pesar de que se legisló en 2005 sobre Seguridad Nacional, pero no se mencionó nada al respecto de atribuciones para la milicia o la policía (o las policías) en esa ley.
El artículo 29 no menciona a las instituciones responsables de decretar un “estado de emergencia”, sólo menciona que el decreto debe ser presidencial. Tampoco menciona tiempos para la suspensión en municipios, estados y zonas del país, y sólo señala dos causas que pudieran justificar el estado de excepción o emergencia: invasión o perturbación grave de la paz pública. También señala que se restringirían o suspenderían derechos de los ciudadanos (garantías individuales o derechos humanos), pero no se mencionan cuáles.
Sobre el particular, es claro que México es un país de contradicciones legislativas increíbles, que en materia de seguridad, defensa y asuntos policiales presenta grandes confusiones. Por lo general, los debates que se abren en esta materia tienen que ver con los poderes fácticos, meta constitucionales que ostenta el presidente – otorgados por las ambigüedades de muchos artículos de la Constitución –pero pocas veces versan sobre la definición de las capacidades, despliegue, diseño de estrategias y hasta las tácticas empleadas por las fuerzas armadas, así como las atribuciones superpuestas entre éstas, las policías e incluso los poderes judiciales. 
Lo anterior se debe a que no hemos podido resolver la contradicción que existe entre gran cantidad de artículos. La primera se presenta, derivada de las reformas garantistas en favor de los derechos humanos, entre el artículo 89,  sobre el cual se ostenta el súper poder presidencial, y los artículos 129 y 29 que regulan lo referente a estado de excepción y despliegue y-o acuartelamiento de tropas. Además, hay que tomar en cuenta que el Congreso, en el texto actual, no tiene atribuciones sobre seguridad pública, nacional o defensa. Por ello, la supervisión o control legislativo es inexistente, propio de un país autoritario. El primer artículo también es fundamental pues con las reformas de 2011, impacta directamente en las tácticas militares y eso no ha sido tomado en cuenta por las propuestas que se conocen sobre la Ley de Seguridad Interior.
Nadie se ha atrevido a regular con una ley precisa el Articulo 29 para aclarar quién es quién y quién debería hacer qué cuando ocurran perturbaciones graves de la paz pública o cuando la sociedad “esté en grave peligro” y se puedan suspender los derechos y las garantías de los ciudadanos (léase hoy los derechos humanos). La amplitud de la redacción de muchos artículos de la Constitución, no corresponde a la brevedad y ambigüedad de los artículos 29 y 129, que para colmo carecen de leyes reglamentarias que pudieran dar alguna luz adicional sobre su contenido. Esto ha dado pie a que predomine el libre albedrío en el empleo de la milicia para los requerimientos presidenciales (libre albedrío significa falta de regulación y regulación subjetiva a quien ostenta el mando en México, o sea, a presidente).
Por ello, desde mediados de 2016, el partido que gobernó México entre 2000 y 2012, PAN,  propuso en el Senado un primer borrador de Ley de Seguridad Interior el 13 de septiembre de 2016, conocido como “Proyecto del senador Gil Zuarth”, y el actual partido en el gobierno, el PRI, a través de los diputados César Camacho y Martha Sofía Tamayo, hicieron otra propuesta el 27 de octubre (ver Gaceta Parlamentaria: 27 de octubre de 2016).
Sin embargo, en las propuestas del PRI y del PAN y en las ideas dispersas de los representantes del PRD y MORENA se observan muchas confusiones que confieren la idea de un peligroso regreso al pasado. 
Por ejemplo, cuando la iniciativa del PRI habla de la “recopilación de inteligencia”, se podría interpretar, por falta de precisión, que se podrán interceptar comunicaciones de particulares o incluso “interrogar” personas –entiéndase lo que se entienda por ello. En ningún momento se habla de las atribuciones de los poderes judiciales que serían quienes deberían emitir las órdenes judiciales para interceptar comunicaciones o interrogar personas, ni se menciona quiénes deberían pedir dichas autorizaciones.
La Constitución mexicana fue víctima del trabajo legislativo. A lo largo de los años llenaron el texto para justificar las atribuciones del presidente y minimizar el resto de los poderes estatales y municipales; genética propia de un país autoritario, como seguimos siendo sobre todo en materia de procesos de toma de decisiones en materia de seguridad o defensa. Tanta palabrería legaloide tampoco reguló en México la atribución de seguridad pública, la cual quedó en manos de los gobiernos municipales desde 1917 a través de los artículos 21 y 115 que otorgan al municipio la capacidad de organizar la policía preventiva y de tránsito. Esta situación fue la que permitió que  los caciques se adueñaran de los municipios campiranos y con ello de su policía. Pocos han reparado sobre el hecho de que en la gran mayoría de los municipios rurales del país, la policía municipal nunca existió en realidad y que el ejército era el verdadero encargado de la vigilancia casi de forma permanente.
El abandono legislativo sobre “lo policial” y “la seguridad pública y ciudadana” fue notable hasta el año 1999. El PRI durante su larga gestión política al mando del país (1929-2000) consideró que los caciques podían controlar el orden público, ayudados por el ejército, recibiendo órdenes del presidente. Así de fácil. Leyes para qué, con órdenes presidenciales fue suficiente, como en 1968. Durante ese periodo el país se urbanizó, industrializó y creció, pero las instituciones encargadas de regular el llamado primer contacto entre ciudadanos y Estado, entre ellas las policías, ni se modernizaron, ni se profesionalizaron. Lo mismo es válido para los cuerpos municipales existentes como para las instituciones federales que se configuraron de forma descentralizada, como la Policía Federal de Caminos. Y qué decir de lo sucedido en el área de las policías de investigación del delito (judiciales). 
Por ello, una verdadera Ley de Seguridad Interior debería centrarse en fortalecer a las policías, en vez de referirse a las fuerzas armadas.
No fue hasta 1999 que nació la Policía Federal Preventiva (PFP). Su primera acción fue para disolver una larga  huelga estudiantil en la UNAM en febrero del año 2000. Dicho episodio tuvo dos características: a) fue “limpia” en lo que respecta a tácticas empleadas, donde se respetaron los derechos de los “estudiantes”  (como universitario me cuesta trabajo denominar “estudiante” a una absoluta minoría radical que paralizó la vida académica nueve meses), y b) los policías federales que ingresaron fueron “verdes” con uniforme “gris”. O sea, mandos policiacos provenientes de las fuerzas armadas y tropas comisionadas. Esa policía federal era la que la necesitaba el país desde muchos años antes, pero nadie se atrevió a configurarla hasta fines del siglo XX.
Sin embargo, coincidieron en el tiempo diversos factores: 1) la democratización limitada e incompleta del país, pues aunque el presidente poco a poco deja de ser el gran decisor, la Constitución le resguarda todavía muchas atribuciones, principalmente en seguridad y defensa; 2) la globalización, que nos trajo lo peor de ella, el crimen organizado y el narcotráfico, y 3) la incapacidad de las instituciones nacionales para combatirlo, en parte por la ausencia de una verdadera policía federal con capacidades institucionales, pues acababa de nacer en 1999 y era menor de edad, y se le restringió su crecimiento hasta el 2006, como un gran error del presidente Fox. Ante el poderoso narco, se vivió por vez consecutiva el despliegue territorial y empleo de las fuerzas armadas, ahora para enfrentar criminales súper poderosos y organizados. 
Por todo lo anterior y ante la declaratoria de “guerra al narcotráfico” hecha por el presidente Calderón en 2007, es que las fuerzas armadas se han involucrada intensamente, tanto cualitativa como cuantitativamente, en los asuntos de seguridad pública. Por ello, diez años después aparece el reclamo de una legislación precisa y una declaratoria de cansancio de los mandos superiores de éstas, en particular del general secretario de la defensa nacional, abriendo el debate para regular los artículos 29 y 129 de la Constitución.
En síntesis, ante el poder del presidente para decidir discrecionalmente sin leyes que lo respalden, como ha sucedido desde hace 100 años; ante la falta de pesos y contrapesos que impidan que todo el caudal de dinero que se entrega a los estados y municipios a través de distintos programas federales para la profesionalización y modernización policiaca se siga desviado mediante esquemas de corrupción; ante el reclamo militar por una nueva legislación; ante el poder del narcotráfico y el crimen organizado; ante la catástrofe humanitaria evidente en miles de víctimas de estas guerras; ante una débil sociedad civil que con pocas –y honrosas excepciones- es tomada en cuenta pero que necesita participar decisivamente, pues aspiramos a la convivencia democrática, no sólo a elegir gobernantes; Ante las críticas a las policías y el necesario fortalecimiento de ellas, empezando por la cúspide, la Policía Federal, que tiene grandes logros en su profesionalización y eficiencia táctica respetando los derechos humanos, como fue demostrado en su despliegue y acción durante la primera semana de enero de 2017 ante las movilizaciones generalizadas en el país, donde no apareció ningún reclamo de derechos humanos hacia ésta, debemos pensar que la Ley de Seguridad Interior debería centrarse en fortalecer lo policiaco, y menos en lo militar De igual manera, las policías estatales y municipales que han hecho bien su trabajo deben seguir siendo respaldadas, observando la evolución del Mando Único, los Mandos Mixtos y la Coordinación entre instituciones, incluyendo a las fuerzas armadas dónde aún son imprescindibles.
Por ello, es preciso que el poder legislativo no trabaje al vapor, que tenga en cuenta que el proyecto de Ley de Seguridad Interior en realidad concierne a lo policiaco, más que a lo militar, que es la defensa del país, y que no haya debates improvisados.  Sólo así se retomará la urgencia de los militares de no seguir haciendo labores policiacas ad infinitum, cobijadas en la ambigua palabra de “coadyuvancia”.
Un debate profundo es necesario. Lo conceptual y doctrinal en lo militar y lo policiaco es básico. Se deben discutir tácticas y estrategias, y se deben tener en cuenta las capacidades reales de todas las instituciones de seguridad nacional, defensa, seguridad pública, inteligencia y judiciales. El problema está inmerso en un todo donde las partes no actúan solas. Pero principalmente, no se deben dejar de lado las contribuciones constitucionales de los últimos años que sellan el vínculo entre derechos humanos, leyes, y cuerpos de resguardo de la seguridad nacional y el orden público, como lo establece el artículo primero de la Constitución en sus reformas de 2011.
Es evidente que se tiene que alcanzar armonía constitucional y por tanto legal. Hoy se ven graves contradicciones entre democracia, derechos humanos y orden público; entre transparencia y rendición de cuentas; y entre la eficacia institucional policiaca y la militar. Es muy sano el regreso a los cuarteles de los militares, pero debe ser graduado por la cobertura eficiente de la Policía Federal y las policías estatales y municipales en todo el territorio. En esto, lo policiaco,  también deben pensar los legisladores.    
Fuente.-Raúl Benítez Manaut es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM.

1 Palabras del general Cienfuegos ante senadores del PRI y PVEM,7 de noviembre de 2016, y Reforma, 9 de diciembre de 2016.

LOS "X EXPEDIENTES del CHAPO" en MEXICO TAMBIEN SE QUEDARON "SIN RESOLVER"….por si algún día regresa.

enero 30, 2017 // 0 Comentarios

Los diez procesos pendientes Joaquín Archivaldo Guzmán Loera enfrentaba en México diez causas penales, que quedaron sin sentencia debido a su extradición. 

Desde por los delitos de cohecho, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, hasta por delincuencia organizada o aterrizaje clandestino de aeronaves.

Estos son los expedientes que esperarían al “Chapo” si algún día volviera a suelo nacional:

 * Juzgado Sexto de Distrito en materia de Procesos Penales en el Estado de México. Causa Penal 84/2010. 

* Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México. Causa Penal 50/2009. 

*  Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Causa Penal 135/2001-II. 

* Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit. Causa Penal 206/2010-IV. 

* Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Causa Penal 364/2012. 

* Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. Causa Penal 50/2011-I. 

* Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Causa Penal 16/2001-V. 

* Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. Causa Penal 10/2014. 

* Juzgado Primero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. Causa Penal 175/2011-V. 

* Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz. Causa Penal 29/2014. 

Fuente: Zetatijuana

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