Guerreros Unidos

"Recorrimos la ruta del terror en Guerrero"

septiembre 12, 2016 // 0 Comentarios

ZIHUATANEJO

Todo ocurrió en tres minutos. Reportero y fotógrafo regresábamos de cubrir la nota y sobre la carretera Lázaro Cárdenas (Michoacán)-Zihuatanejo (Guerrero), dos vehículos nos bloquearon el paso. Descendieron una veintena de sujetos armados, rodearon la camioneta y nos apuntaron. El terror nos invadió y ellos parecían disfrutarlo. Uno —quizá el jefe— contestó un mensaje de su radio y les dijo algo, se retiraron. Fueron 90 segundos, pero nosotros sentimos que viajamos al infierno y se nos permitió regresar.

El corredor turístico Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo, ubicado entre los estados de Michoacán y Guerrero, cada vez se vuelve más peligroso para el turista, para el viajero, para las autoridades y para los propios habitantes de esa región costera, nos platicarían después.

Las camionetas de cualquier modelo y automóviles de lujo son el blanco perfecto para los integrantes de Guerreros Unidos, cártel de mayor predominancia en esa zona, donde los asaltos están a la orden del día, advierten autoridades de las fuerzas federales, que responden al embate criminal.

¡Lo comprobamos aquella tarde mientras circulábamos sobre la carretera Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo!

Sentimos el terror cuando al menos una veintena de sujetos armados, quienes no rebasaban los 20 años, apuntaron hacia nosotros.

Estábamos incrédulos, pero era real lo que sucedía. Mientras ellos con firmeza sostenían sus armas y nos apuntaban, nosotros no lográbamos entender si nos iban a atacar por ser michoacanos, periodistas o por haber cubierto los operativos de la Marina Armada de México del otro lado de la frontera estatal; en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se había desatado la violencia en los últimos días.

Pero no, el objetivo no éramos nosotros; iban por la camioneta en la que viajábamos hacia Zihuatanejo, Guerrero, después supimos.

Después de que los criminales, a bordo de una camioneta y de un taxi del servicio público se retiraron del lugar donde nos habían detenido, con la amenaza clavada en su sarcástica risa, nos regresamos en busca de militares y/o policías federales.

Mi compañero y yo apenas podíamos hablar, pero coincidimos en que fueron los dos o tres minutos más largos de nuestra vida y que estábamos seguros que nos matarían por la forma en la que rodearon el vehículo en el que viajábamos; por fortuna no fue así.

Lo cotidiano

“Ya nos deberíamos estar acostumbrando”, suelta el encargado de un establecimiento comercial ubicado entre los poblados de Petacalco y Lagunillas, donde nos detuvimos a comprar unos refrescos, pues era agobiante el calor.

Circulan libremente, en su mayoría jóvenes con fusiles de asalto al servicio del crimen organizado, a los que les pagan desde 750 hasta mil 500 pesos semanales para asaltar a quienes circulan por esa vía de comunicación.

Según datos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano que se han sumado al Operativo Guerrero Seguro, los jóvenes que han logrado capturar confiesan que no buscan como meta ser profesionistas o por necesidad, pues su mayor anhelo es ser jefes de plaza del narco.

“Ellos con que traigan sus cuernos de chivo, sus AR-15, sus camionetas y poder, lo que quieren es ser jefes para controlar su comunidad, a las mujeres, los cobros de piso, las extorsiones, los secuestros y dar órdenes; quieren eso, el poder”, comenta un elemento policial.

Poco antes del episodio ocurrido a plena luz del día, cerca de las 13 horas, los civiles armados hacían otra vez de las suyas con plena impunidad. A tan sólo ocho kilómetros, cerca del acceso a Petacalco, un grupo de viajeros era encañonado de igual manera y despojado con violencia de su vehículo. No corrieron con la misma suerte que nosotros.

“Allá atrás están golpeando bien cabrón a unos turistas; son personas armadas y encapuchadas; sólo se escuchan los gritos y les están dando de cachazos; los tienen hincados. Ayúdenlos, los van a matar”, alertaba un automovilista que circulaba en esa carretera a elementos de la Policía Federal.

Los federales, apoyados por militares nada pudieron hacer: el hecho ya estaba consumado y los criminales se habían esfumado, aun con todo y el despliegue policial en la misma vía de comunicación.

Los operativos sólo son reactivos, ya que en nuestro caso tuvimos que recorrer varios kilómetros para poder encontrar a una autoridad y dar aviso de lo que pasaba. Fue la segunda ocasión que habíamos tenido suerte.

La presencia de las fuerzas federales a 200 metros de llegar al poblado de Lagunillas del municipio de La Unión se debía a que sobre la misma carretera, otro o tal vez el mismo grupo armado había baleado un camión urbano de transporte público del cual no se quiso revelar el saldo humano.

En el asfalto, además de la unidad abandonada y baleada, se encontraron al menos un centenar de cartuchos percutidos, provenientes de fusiles de asalto .223 (AR-159) y 7.62 (AK-47, mejor conocido como cuerno de chivo).

Fue necesario entonces que avanzáramos con el apoyo de las fuerzas federales hasta el destino turístico de Ixtapa, Zihuatanejo, localizado a 24 kilómetros de la zona donde pasaron en pocos minutos estos tres sucesos.

Hermetismo

Las autoridades del estado de Guerrero, principalmente las municipales, guardan silencio, no hablan de la operatividad de los cárteles, como si su doctrina política se lo impidiera, pese a que las carreteras, comercios y jóvenes son controlados y vigilados por la delincuencia organizada, como una vez más se comprobó.

El pasado 26 de junio, se dió a conocer la manera en la que operan los grupos criminales y el asedio con el que controlan este corredor turístico Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo, que una vez fue bautizado como Frente Urbano Turístico (FUT).

“No nos dejen solos”, imploraba esa mañana el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Armando Carrillo Barragán, luego de una jornada anterior de balaceras en el segundo puerto más grande del país.

A diferencia de los municipios de Guerrero, en Lázaro Cárdenas tomó el control de la seguridad el Grupo de Coordinación Michoacán, conformado por fuerzas estatales y federales, incluida la Marina Armada de México.

El alcalde, aun así, adelantó que ya busca a través de todos los medios posibles que ese apoyo que recibe del Estado sea más fuerte, sea más decidido, para que en el municipio de Lázaro Cárdenas no sucedan más ese tipo de situaciones violentas.

“Ya en años pasados tuvimos unas experiencias no muy gratas en ese sentido y no quisiéramos regresar a eso, pero de ahí a que la gobernabilidad se haya perdido, yo le diría que no”, enfatizó Carrillo Barragán.

Finalmente, por esa misma carretera pudimos regresar, pero ya con la presencia de más oficiales de la milicia y de la Policía Federal que recorrían esa ruta turística del terror, pues reconocen que este tipo de prácticas suceden a diario, sin que hasta el momento puedan hacer algo para combatirlas.

“Menos podremos mientras el narco siga reclutando jóvenes, mujeres, ancianos, niños y habitantes en general para que ingresen a sus filas, por muy pocos pesos y mucho poder”, insistió un mando policial.

"SOLO QUEMAMOS a 19 ESTUDIANTES de AYOTZINAPA", dice halcón de los Guerreros Unidos

febrero 6, 2016 // 0 Comentarios

Uno de los halcones de Guerreros Unidos detenido hace una semana asegura que un grupo de más de 19 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, lo que concuerda con parte de la llamada “verdad histórica” sostenida por el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Bernabé Sotelo Salinas, de 28 años, confesó a las autoridades que él viajaba en la parte trasera de la camioneta que trasladó a los estudiantes, y que permaneció en el lugar donde se habría hecho la pira de las 00:00 a las 18:00 horas del 27 de septiembre de 2014. “Al llegar al basurero refiere que bajó a los normalistas, unos 19 lo hicieron caminando, y al resto los tuvieron que bajar entre dos, pues estaban muertos”, señala un informe de la Procuraduría General de la República (PGR).

El nuevo testigo ha sido identificado como uno de los sicarios de Gildardo López Astudillo, El Gil o El cabo Gil, jefe de plaza de Guerreros Unidos, arrestado en septiembre de 2015.

El documento muestra que Sotelo Salinas, alias El Peluco, era chofer de transporte público, desde donde trabajaba como halcón (informante) de Guerreros Unidos, el grupo criminal que habría desaparecido a los normalistas. “[Sotelo] refiere haber llegado al lugar a bordo de una camioneta cerrada de 3 y media toneladas, blanca, conducida por el Memín, propiedad de Gilberto López Astudillo… Cita que en esa camioneta trasladaron a varios estudiantes, quienes iban esposados y acostados. Yendo él en la batea, Memín fue el que dialogó con los policías [municipales que se los entregaron] y dio instrucciones a las víctimas, ordenándoles que se acostaran uno sobre otro, mientras le dieron la orden de vigilarlos; cita otra camioneta Nissan, Estaquitas [la cual era llevada por Patricio Reyes Landa, El Pato]”, apunta el informe.

También se asienta que el hermano de Bernabé, detenido la semana pasada, reconoció que los sicarios de Guerreros Unidos asesinaron a los estudiantes en Cocula. Cruz Sotelo Salinas, alias El Oaxaco, comentó a las autoridades que luego de aquellos hechos no se supo nada de su hermano durante tres días, y cuando apareció les explicó que estaba “en disputa, y haciendo una limpia de los contras [Los Rojos]”, se lee en el documento oficial.

“A ellos como sicarios se les dijo que iba gente armada infiltrada en los camiones [donde iban los estudiantes], eran entre tres y cinco los que llevaban armas largas, y que se trataba de un grupo criminal antagónico”, señala el informe de la PGR.

Los hermanos Sotelo fueron arrestados junto con Mauro Taboada Salgado, de 40 años, a quien se le atribuye el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado del rostro. A los detenidos les incautaron un fusil AR-15 con un cargador con 20 cartuchos útiles y una pistola 0.9 milímetros.

La versión de los nuevos testigos apunta a que no todos los estudiantes habrían llegado a Cocula. “Otro grupo, según El Gil, fue trasladado a la localidad de Tijeritas, rumbo a Taxco, en donde se encontraba el rancho de otro jefe de la célula, Víctor Hugo Benítez Palacios, alias El Tilo. “A quienes formaban parte de este grupo —según se lee en la declaración que rindió López Astudillo—, El Tilo los habría disuelto en ácido”, escribió Héctor de Mauleón hace unos días en su columna En Tercera Persona.

Alcaldesa ejecutada por los Rojos, ofreció dirección de transito a Guerreros Unidos

enero 20, 2016 // 0 Comentarios

La Alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, fue asesinada por sicarios del líder de Los Rojos, Santiago Mazari, “El Carrete”, debido a que ofreció la dirección de Tránsito a un personero del grupo rival Guerreros Unidos, indican investigaciones federales.

Mota, asesinada el 2 de enero, un día después de tomar posesión, sostenía una relación sentimental con un ferretero, quien a su vez tenía nexos con Guerreros Unidos, señalan las indagatorias.

La Edil perredista habría ofrecido a su amigo que se hiciera cargo de Tránsito, puesto que peleaba también el grupo encabezado por “El Carrete”.

El jefe criminal envió a sicarios que se desempeñaban también como jinetes de los caballos pura sangre que tenía en un rancho de Amacuzac y usaba en carreras parejeras y competencias de rodeo.

La Alcaldesa había sido advertida por sus compañeros del PRD de la cercanía de su amigo con Guerreros Unidos.

Ella habría desestimado los señalamientos y, aunque aceptó el Mando Único propuesto por el Gobierno de Graco Ramírez, había comprometido con su amigo el puesto en Tránsito.

Según las pesquisas federales, al enterarse de ello, Mazari intentó extorsionar a la Alcaldesa y, como ella rechazó los ofrecimientos, el jefe criminal ordenó ejecutarla.

Guerra interna cimbra a los Guerreros Unidos

enero 15, 2016 // 0 Comentarios

CHILPANCINGO, Gro.- La batalla que libran bandas criminales por el control de las zonas de producción, trasiego y distribución de drogas ya involucra a funcionarios de los tres niveles de gobierno y al Ejército, todos presuntamente coludidos con el narco.

Los asesinatos de finales del año pasado y las narcomantas desplegadas en Iguala muestran la lucha intestina en el grupo Guerreros Unidos. Los mensajes van dirigidos contra policías estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, y a Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, de la banda de Los Peques, brazo armado del grupo criminal.

Y se mencionan nombres de varios de los funcionarios presuntamente implicados con ese grupo delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco Eruviel Salado Chávez y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo el mando de la Policía Federal.

Tanto Salado Chávez como el exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.

Por su parte, en el municipio indígena de Zitlala, ubicado en la zona que conecta la región Centro con la Montaña, se registró la primera masacre de este año en la entidad la madrugada del miércoles 6.

Ese día, pistoleros al servicio de la gavilla de Los Ardillos, que lideran los hermanos del perredista Bernardo Ortega Jiménez, expresidente del Congreso local, irrumpieron en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán de Las Palmas, ejecutaron a seis campesinos e hirieron a cuatro más, lo que provocó el éxodo de los pobladores.

Desde hace cuatro meses, según testigos, los sicarios afincados en el vecino poblado de Tlaltempanapa exigieron a las autoridades de Tlapehualapa, Quetzalcoatlán de las Palmas y Tlalcozotitlán formar “guardias comunitarias” para cercar a Los Rojos, que dirige Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, y se refugian en el municipio de Mártir de Cuilapan.

Las autoridades civiles y militares se han limitado a observar la confrontación entre Los Ardillos y Los Rojos. En los últimos tres años, ambos grupos han sembrado el terror en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla. Mientras tanto, en Acapulco, las pandillas que se disputan ese destino turístico reventaron la tregua navideña y provocaron por lo menos 22 muertos.

Arcadio Castro Santos, dirigente de la industria de la masa y la tortilla en el puerto, protestó el viernes 8 por la ejecución de siete trabajadores debido a que los propietarios de los establecimientos se negaron a pagar las cuotas que les exigían los delincuentes.

Las purgas

El 27 de diciembre aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder transportista de la zona Norte, Victorico Martínez López, y a otras personas como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar” a policías federales y ministeriales.

Dos días después, el centro de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, líder de Los Peques, uno de los presuntos implicados en la masacre y desaparición de los 43 normalistas; también se difundió una foto con el rostro del Choky, supuesto brazo ejecutor del Tilo, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en el caso Ayotzinapa.

Fuentes oficiales consultadas por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.

Según informó la agencia Apro en octubre de 2014, el gobierno federal sabía que Los Peques controlan el narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.

Los reportes oficiales consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de Los Peques salieron de Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron protección.

El año pasado, autoridades del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.

La confrontación entre los operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la zona norte presuntamente vinculados en el caso Ayotzinapa.

En “La Montaña Baja”, la banda de Los Ardillos y Los Rojos mantienen una disputa por el control de las zonas de producción y trasiego de droga en Chilapa, Zitlala y Tixtla, municipios que conectan la región Centro y La Montaña.

Nadie hace nada

A principios de mayo pasado, decenas de campesinos armados se asumieron como “policías comunitarios” y tomaron durante una semana la cabecera municipal de Chilapa con el apoyo del Ejército y las policías estatal y federal. Su objetivo, dijeron, era alejar de ese enclave a Los Rojos.

Por esas fechas hubo por lo menos 30 desapariciones forzadas. Las familias afectadas incluso presentaron denuncias contra el exdiputado perredista Ortega Jiménez, presunto brazo político de Los Ardillos, a quien le atribuyeron las desapariciones.

El grupo criminal se posesionó del municipio de Tixtla y obligó a sus rivales a replegarse a Zitlala y al municipio de Mártir de Cuilapan, según los reportes oficiales consultados. Los Ardillos pretenden expandirse a la zona del alto Balsas con el apoyo de las policías comunitarias para cercar a Los Rojos.

Las autoridades municipales, estatales y federales han dicho que tienen ubicados a los cabecillas de ambos grupos, pero no los aprehenden, comentan los lugareños al corresponsal.

Dicen que el ataque del miércoles 6 en Quetzalcoatlán fue la respuesta de Los Ardillos ante la negativa de los comisarios a sumarse a ese grupo delictivo. Insisten en que las autoridades de los tres niveles y el Ejército solapan las acciones de ese grupo criminal cuyo bastión se encuentra en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.

Los indígenas nahuas desplazados no se explican por qué las autoridades no atacan la comunidad de Tlaltempanapa, refugio de Los Ardillos, desde donde presuntamente salieron las “caravanas de la muerte” contra los habitantes de Quetzalcoatlán de Las Palmas y Tlapehualapa.

El alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, del PRI, demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores cumplir su compromiso de enviar a tropas del Ejército a esta zona colapsada por la narcoviolencia.

Guerra interna cimbra a los Guerreros Unidos

enero 15, 2016 // 0 Comentarios

CHILPANCINGO, Gro.- La batalla que libran bandas criminales por el control de las zonas de producción, trasiego y distribución de drogas ya involucra a funcionarios de los tres niveles de gobierno y al Ejército, todos presuntamente coludidos con el narco.

Los asesinatos de finales del año pasado y las narcomantas desplegadas en Iguala muestran la lucha intestina en el grupo Guerreros Unidos. Los mensajes van dirigidos contra policías estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, y a Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, de la banda de Los Peques, brazo armado del grupo criminal.

Y se mencionan nombres de varios de los funcionarios presuntamente implicados con ese grupo delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco Eruviel Salado Chávez y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo el mando de la Policía Federal.

Tanto Salado Chávez como el exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.

Por su parte, en el municipio indígena de Zitlala, ubicado en la zona que conecta la región Centro con la Montaña, se registró la primera masacre de este año en la entidad la madrugada del miércoles 6.

Ese día, pistoleros al servicio de la gavilla de Los Ardillos, que lideran los hermanos del perredista Bernardo Ortega Jiménez, expresidente del Congreso local, irrumpieron en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán de Las Palmas, ejecutaron a seis campesinos e hirieron a cuatro más, lo que provocó el éxodo de los pobladores.

Desde hace cuatro meses, según testigos, los sicarios afincados en el vecino poblado de Tlaltempanapa exigieron a las autoridades de Tlapehualapa, Quetzalcoatlán de las Palmas y Tlalcozotitlán formar “guardias comunitarias” para cercar a Los Rojos, que dirige Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, y se refugian en el municipio de Mártir de Cuilapan.

Las autoridades civiles y militares se han limitado a observar la confrontación entre Los Ardillos y Los Rojos. En los últimos tres años, ambos grupos han sembrado el terror en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla. Mientras tanto, en Acapulco, las pandillas que se disputan ese destino turístico reventaron la tregua navideña y provocaron por lo menos 22 muertos.

Arcadio Castro Santos, dirigente de la industria de la masa y la tortilla en el puerto, protestó el viernes 8 por la ejecución de siete trabajadores debido a que los propietarios de los establecimientos se negaron a pagar las cuotas que les exigían los delincuentes.

Las purgas

El 27 de diciembre aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder transportista de la zona Norte, Victorico Martínez López, y a otras personas como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar” a policías federales y ministeriales.

Dos días después, el centro de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, líder de Los Peques, uno de los presuntos implicados en la masacre y desaparición de los 43 normalistas; también se difundió una foto con el rostro del Choky, supuesto brazo ejecutor del Tilo, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en el caso Ayotzinapa.

Fuentes oficiales consultadas por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.

Según informó la agencia Apro en octubre de 2014, el gobierno federal sabía que Los Peques controlan el narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.

Los reportes oficiales consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de Los Peques salieron de Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron protección.

El año pasado, autoridades del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.

La confrontación entre los operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la zona norte presuntamente vinculados en el caso Ayotzinapa.

En “La Montaña Baja”, la banda de Los Ardillos y Los Rojos mantienen una disputa por el control de las zonas de producción y trasiego de droga en Chilapa, Zitlala y Tixtla, municipios que conectan la región Centro y La Montaña.

Nadie hace nada

A principios de mayo pasado, decenas de campesinos armados se asumieron como “policías comunitarios” y tomaron durante una semana la cabecera municipal de Chilapa con el apoyo del Ejército y las policías estatal y federal. Su objetivo, dijeron, era alejar de ese enclave a Los Rojos.

Por esas fechas hubo por lo menos 30 desapariciones forzadas. Las familias afectadas incluso presentaron denuncias contra el exdiputado perredista Ortega Jiménez, presunto brazo político de Los Ardillos, a quien le atribuyeron las desapariciones.

El grupo criminal se posesionó del municipio de Tixtla y obligó a sus rivales a replegarse a Zitlala y al municipio de Mártir de Cuilapan, según los reportes oficiales consultados. Los Ardillos pretenden expandirse a la zona del alto Balsas con el apoyo de las policías comunitarias para cercar a Los Rojos.

Las autoridades municipales, estatales y federales han dicho que tienen ubicados a los cabecillas de ambos grupos, pero no los aprehenden, comentan los lugareños al corresponsal.

Dicen que el ataque del miércoles 6 en Quetzalcoatlán fue la respuesta de Los Ardillos ante la negativa de los comisarios a sumarse a ese grupo delictivo. Insisten en que las autoridades de los tres niveles y el Ejército solapan las acciones de ese grupo criminal cuyo bastión se encuentra en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.

Los indígenas nahuas desplazados no se explican por qué las autoridades no atacan la comunidad de Tlaltempanapa, refugio de Los Ardillos, desde donde presuntamente salieron las “caravanas de la muerte” contra los habitantes de Quetzalcoatlán de Las Palmas y Tlapehualapa.

El alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, del PRI, demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores cumplir su compromiso de enviar a tropas del Ejército a esta zona colapsada por la narcoviolencia.

43 de Ayotzinapa, "Nos los llevamos a la "Cueva del Diablo". Matamos a los más bravos, "Están vivos" dijo sicario

enero 14, 2016 // 0 Comentarios

Esa madrugada del miércoles pasado el sicario ya había bebido los suficientes mezcales para comenzar a fantochear.

—”Nos los llevamos a la “Cueva del Diablo”. Matamos a los más bravos y a los otros los tenemos ahí” —balbuceó frente a sus compañeros, un grupo de tipos de mala pinta. Hablaba de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En la mesa de al lado, un cliente solitario aguzó el oído para agarrar todos los detalles del relato. Había mucho que escuchar: La lengua se le había soltado al matón a sueldo en esa cantina de poca monta de Iguala, donde más de uno sabe que es de sentido común callar para mantener la cabeza pegada a los hombros, aún ahora, con la ciudad tomada por los federales.

Pero nuestro sujeto, aceitado por los mezcales, descartó toda regla de discreción. O dijo lo que sabía, o comenzó a imaginar cosas.

—”Los subimos a dos camiones de pescado y luego nos los llevamos en lanchas por el Balsas. Tenemos vivos a la mitad, en la cueva” —contó. Sus compañeros escuchaban atentos.

El sicario, o quien quiera que fuera, decía trabajar para “Los Guerreros Unidos”. No era —y quedaba muy claro— un tipo prudente, menos con la guerra que se ha desatado con “Los Rojos” y con agentes de inteligencia por todos lados.

Vaya, medio Cisen se encuentra en el estado. Pero con solo una botella encima acababa de soltar la sopa a sus amigos de farra.

Dio varios detalles: la noche del 26 de septiembre balearon a tres en Iguala y luego tomaron camino hasta la presa El Caracol de madrugada, en una carretera que serpentea entre la montaña y que termina casi junto al agua.

Después de transportarlos en lanchas río abajo, a los muchachos se les había hecho marchar en fila india en la selva. No todos llegaron. Algunos murieron asesinados en el camino, sus cuerpos fueron lanzados por la borda.

El relato seguía con más detalles. La cueva en la que los tenían retenidos estaba a una hora y media en barco de Acatlán, en una localidad conocida como Acatlancillo, cerca de una cascada sin nombre. Más de la mitad de los normalistas seguían ahí, atrapados, bajo la custodia de una recua de narcos.

—”Están vivos” —insistió el sicario.

Y así, de súbito, el secreto mejor guardado de México se ventilaba en un bar, escapándosele a un tipo con tragos de más. A unos metros, en la mesa contigua, el cliente de oídos agudos, que en realidad era un policía comunitario de la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), dio las gracias a la mesera, pagó su trago y regresó a su campamento con la primicia.

En la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, un misterio que ha desafiado al Estado mexicano y al gobierno federal durante más cuatro semanas, había un nuevo, aunque poco probable y hasta disparatado rastro.

Pero la desesperación lleva a buscar en donde sea. A las fosas de Iguala, las de Cocula y los huesos sumergidos en el río San Juan se añadía la pista más extraña hasta el momento.

Invención o no, el relato fantástico fue tomado en serio en varios niveles, incluidos los oficiales. Abría la posibilidad de hallar con vida a estudiantes que hasta entonces habían sido buscados en pretérito, solo en fosas. Se trataba de algo tan sencillo como esperanza, de aquello que si no existe es reemplazado por la muerte, según define el antropólogo Michael Taussig.

“Sin la esperanza lo que queda es la muerte. La muerte del espíritu. La muerte de la vida, donde ya no hay sentido de regeneración o renovación”, sostiene.
Está muriendo de hambre

La Upoeg lleva un mes de trabajos casi heroicos. No vuelven a casa desde septiembre. Nadie les paga y tienen que racionar la gasolina. De día mal comen y de noche, cuando pueden, duermen en un campamento en el zócalo de Iguala.

Son como sabuesos alocados: andan por brechas y sierras donde nadie en su sano juicio se metería y en ese trajín han descubierto varias fosas con cuerpos. Han sido más eficientes que muchos criminalistas entrenados.

Pero comienzan a sufrir el desgaste de la búsqueda. Su ropa se ve sucia. Sus vehículos lucen más destartalados y polvosos de lo habitual, que ya es decir mucho.

Encima, varias esposas están sumamente molestas por la larga ausencia de sus hombres, que hace cuatro semanas se fueron a tratar de encontrar a los jovencitos de Ayotzi armados de machetes e imbuidos de un primordial sentido de justicia.

“Mi esposa me regañó el otro día, que cómo es que dejaba a mi familia, que me ponía en riesgo, que los ponía en peligro y yo le dije ‘¿y a la familia de esos chicos, qué? ¿A ellos quién los ayuda a encontrar a sus hijos?’”, dice Lucas Pita, un igualteco que dejó todo por ir a la búsqueda de los normalistas.

Es una opinión ampliamente extendida entre sus compañeros. “Vamos a encontrarlos vivos”, promete Crisóforo García, uno de los comandantes.

Pero no han encontrado nada. O lo que han hallado —en las fosas de Iguala—, aún no ha sido plenamente identificado. En tanto, con el paso de los días las provisiones ya comenzaron a escasear.

“Ojalá nos comiencen a apoyar los empresarios con gasolina. Es muy difícil trasladarnos de una comunidad a otra todos los días”, sostiene Lino Ponce, asistente de Bruno Plácido, líder y creador de la policía comunitaria guerrerense, que desde hace casi dos años mantiene su propia guerra contra la delincuencia organizada en varios municipios de Guerrero.

Desde que se involucraron en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, los comunitarios de la Upoeg andan a la caza de pistas donde puedan encontrarlas, como todos unos detectives tropicales.

Cualquier dicho, cualquier rumor, es digno de ser revisado. Una fosa en el cerro: hay que ir. Una casa de seguridad en el pueblo: hay que revisarlo. Ropa en la montaña: puede ser de los chicos.

“A estas alturas hay que descartar toda posibilidad”, dice don Migue, uno de los líderes de la columna estacionada en Iguala, donde han establecido una base de operaciones. Se trata de un campamento de casas de campaña al que a diario llegan datos y versiones.

Fue así como esta semana les llegó el rumor de la “Cueva del Diablo” y una misión se organizó al Nuevo Balsas, en uno de los confines más remotos de Guerrero, en la presa de El Caracol.

El dato les resultó tan interesante que los comunitarios se acercaron a la Gendarmería, que por estos días ya está en Guerrero, con una petición:

-¿No prestan algunos hombres y helicópteros para ir a la cueva?

La Policía Federal, tan hambrienta y desesperada por encontrar pistas como la Upoeg dijo “sí”.

¿Qué tiene que ver el diablo?

Muchos lugares tienen su “Cueva del diablo”. Son sitios que se prestan al mito y que generalmente involucran a un demonio que habita en su interior, donde lleva almas robadas. 

Una interpretación antropológica dicta que la caverna inconscientemente es asociada con una entrada al inframundo y, por ende, con la maldad. De ahí la replicación del mito en varios estados y países. En Iztapalapa hay una. En Mazatlán, otra. En Veracruz hay al menos dos. Alemania tiene la suya. Hay en Florida, Bulgaria, Brasil, Japón y Australia.

En Guerrero hay dos. La que nos atañe y que de alguna manera se filtró al tema Ayotzinapa, se encuentra cerca de Nuevo Balsas, a unos 30 kilómetros de Cocula, donde la Procuraduría General de la República realiza peritajes en un tiradero a cielo abierto y en el río San Juan. En ambos han sido hallados restos óseos y osamentas.

El jueves pasado, eran las 12 del día y una larga columna de gendarmes y comunitarios esperaba en el embarcadero de Nuevo Balsas a que un helicóptero Blackhawk terminara las labores de reconocimiento en el área circundante a la “Cueva del Diablo”.

Los federales iban armados hasta los dientes. La Upoeg llevaba varas y machetes.

Formados junto a los botes, los gendarmes escucharon la advertencia de su comandante. “Hay que estar precavidos”, les dijo. “No hay condiciones en esa zona. Hay mucho plantío de mariguana y amapola”.

En un mapa, los federales trazaron las siguientes coordenadas: latitud 17 grados, 55 minutos, cero segundos norte por longitud 99 grados, 58 minutos y 30 segundos oeste.

“La Cueva del Diablo” estaba trazada en un punto rojo, pero esta es otra historia que conoceremos mañana…