SEDENA

Un menor muere baleado presuntamente en retén militar en Nuevo León

marzo 28, 2017 // 0 Comentarios

MONTERREY, NL.- Un menor de edad murió baleado la noche del pasado sábado 25, al parecer en un retén de la Secretaría de Marina (Semar) ubicado en el municipio de Sabinas Hidalgo, a cien kilómetros al norte de esta capital.

El procurador general de Justicia, Bernardo González Garza, confirmó esta mañana el incidente registrado en la colonia Francisco Villa, aunque aclaró que no tenía elementos para afirmar que las Fuerzas Armadas estuvieran involucradas.

En entrevista con la televisión local, el funcionario estatal señaló que un día después de la muerte del menor, la dependencia a su cargo giró oficios a las diferentes corporaciones que hacen trabajo de seguridad en el estado, para determinar si alguna de ellas estableció un punto de revisión en el sitio referido, como lo han manejado algunos medios de comunicación.
“Desde el domingo ya está trabajando la Unidad de Servicios Periciales en la recolección de indicios, y la Policía Ministerial en las entrevistas preliminares para seguir con la investigación de este asunto. No tenemos todavía confirmado el que haya sido establecido un retén por alguna de nuestras Fuerzas Armadas. Todo esto podremos irlo dando más adelante, durante la investigación”, precisó.
Citando fuentes extraoficiales, medios de la entidad dieron a conocer que la víctima, de 15 años de edad, era Jesús Sierra, quien recibió un disparo en la espalda cuando el automóvil Malibú en el que circulaba con otras personas fue baleado por marinos, luego de que el conductor desobedeció la orden de detenerse en un retén.

De acuerdo con esa versión, los elementos de la Semar dispararon a las llantas del auto, pero habrían impactado al menor, quien de inmediato fue trasladado a un puesto de socorro, donde minutos más tarde perdió la vida.

En respuesta, la Semar negó de manera categórica que personal de esa institución hubiera participado en los hechos mencionados, y aseguró que en el área del incidente no cuenta con un puesto de seguridad.

Destacó que cuando la Armada de México establece puestos de revisión en apoyo a acciones de seguridad pública, sea de manera individual o en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, sus elementos se encuentran debidamente uniformados, con distintivos visibles y bajo el mando de una autoridad naval reconocible.

El personal naval, subrayó, realiza sus acciones en apego al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación común a las tres Fuerzas Armadas y con estricto respeto a los derechos humanos, por lo que en todo momento se considera la seguridad de la población y del personal, evitando violentar la paz y tranquilidad en las comunidades donde realiza acciones.

Pónganse vergas porque hay personas armadas que andan matando gente“..Ármense que vamos a salir dijeron los Militares en Iguala

marzo 15, 2017 // 0 Comentarios

Tras 12 horas de brindar seguridad y abanderar el tráfico sobre la carretera Buenavista de Cuéllar-Iguala, donde un trailer se volcó con 35 toneladas de nitrato de amonio, los soldados adscritos a la Fuerza de Reacción del 27 Batallón se disponen a descansar.

Son las 10 de la noche del 26 de septiembre del 2016 pero uno de los mandos les ordena tomar sus armas y subirse otra vez a la camioneta, sin mayor instrucción, llegan al Hospital General de Iguala. El comandante a cargo entra a la sala de urgencias, pasan 15 minutos, regresa con un par de hojas y pide retornar al Batallón.

Cuando el grupo de soldados se dirige a sus dormitorios, a las 11 de la noche, su mando militar los detiene otra vez. Está alterado al dar su orden, “Ármense que vamos a salir y pónganse vergas porque hay personas armadas que andan matando gente“.

Seguimiento 

Desde horas antes, a las 19:30, la inteligencia militar y los altos mandos del 27 Batallón sabían de la presencia de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala. Les seguían los pasos mediante su enlace en el C4 y un militar encubierto.

Los altos mandos del 27 Batallón conocían que los estudiantes habían boteado en la caseta de Puente de Tixtla; que de la Central de Autobuses de Iguala se llevaron dos camiones, que frente al Palacio de Justicia policías municipales los bajaron de los camiones con granadas lacrimógenas y que había personas heridas de bala en el Hospital General.

Por eso, esa Fuerza de Reacción es enviada al Hospital General y en dos hojas sueltas, el comandante recaba los datos de los tres heridos; mientras, a las puertas del 27 Batallón, un grupo de civiles clama por auxilio. “Están disparando a todos los que pasan”, dice un joven sobreviviente del equipo de futbol Los Avispones.

Las tropas de la Fuerza de Reacción reciben la orden de abastecerse de cargadores y cambiarse de camionetas Cheyenne a vehículos blindados y artillados. Ahí es cuando escuchan de su mando “que andan matando gente”.

Los militares se dirigen al crucero de Santa Teresa por la denuncia de que gente armada dispara a discreción. Son los primeros minutos del sábado 27 de septiembre, se cruzan con patrullas de la Policía Federal que resguardan un taxi tiroteado y con una mujer asesinada en el asfalto.

Unos metros adelante, divisan otro taxi con impactos de alto calibre y un camión tiroteado sobre la cuneta. Al estacionarse, decenas de personas salen de la oscuridad y les imploran auxilio.

“Les dijimos que éramos futbolistas y que venían mujeres y niños en el camión y aún así nos seguían tirando“, señala el único joven que podía articular palabras. Los militares de esa Fuerza de Reacción esperan, junto a la Policía Federal, a que los heridos sean llevados a hospitales y el Ministerio Público de Guerrero realice sus diligencias. A las 2:30 de la madrugada se retiran al Batallón a descansar.

Hospital Cristina

Otra Fuerza de Reacción es enviada a patrullar, desde la media noche del 27 de septiembre. Al pasar frente a las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala se topan con un autobús Estrella de Oro, con los vidrios rotos que era remolcado por una grúa. Se siguen de largo.

Más adelante, descubren otro autobús Estrella de Oro y dos Costaline, tienen impactos de armas de alto poder y dos cuerpos están tirados en la acera. Los militares son instruidos para retirarse “del lugar sin hacer anotación alguna o preguntar lo que había pasado”.

De camino al Batallón reciben una alerta de que personas armadas ingresaron al Hospital Cristina. Se dirigen al lugar, todas las luces están apagadas. Un muchacho sale con las manos en alto, les abre la puerta y se identifica como estudiante de la normal de Ayotzinapa.

Los militares entran con sus fusiles al ristre en busca de los sujetos armados. No hay nada, sólo 25 muchachos asustados, y uno de ellos con la boca partida por un balazo. “Los policías municipales nos dispararon, fueron ellos” gritan los estudiantes al mismo tiempo.

En el hospital, los soldados de esa Fuerza de Reacción se limitan a tomar fotografías de los estudiantes, les prometen enviar una ambulancia y se regresan a resguardar la escena de los tres autobuses baleados.

A las 2 de la mañana, el grupo de soldados retorna al Hospital Cristina pero los estudiantes ya no están ni el joven herido, por lo cual, regresan a la escena de los tres autobuses. En ese lugar, son testigos de una improvisada conferencia de prensa de los normalistas y sólo les solicitan que no traspasen el perímetro de seguridad.

Son las 5:40 de la mañana, la Fuerza de Reacción cumple tres horas al resguardo de la escena de tres autobuses tiroteados. El Ministerio Público termina sus diligencias y los militares se retiran al 27 Batallón. Por la tarde, de ese 27 de septiembre, a través de la televisión, los militares se enteraran de que 43  estudiantes, tripulantes de esos camiones, están desaparecidos. 

El rescate de este sicario costo la vida a cinco soldados

marzo 9, 2017 // 0 Comentarios

La madrugada del domingo 5 fue abandonado en el estacionamiento de un negocio en la colonia La Primavera, de Navolato, a unos metros del Ayuntamiento, el cuerpo de un hombre envuelto en una lona.

Al llegar las autoridades la lona fue parcialmente removida para que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) registrara los primeros indicios del caso. El cadáver presentaba visibles huellas de tortura, golpes en diversas partes del cuerpo y heridas provocadas por arma de fuego. Además, una parte del cuerpo no tenía piel, por lo que se dedujo que la víctima había sido arrastrada por el pavimento.
El cadáver fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde horas más tarde, cuando ya el rumor de su identidad circulaba entre las autoridades de Navolato, acudieron familiares a reclamar el cuerpo.
Se trataba de Julio Óscar Ortiz Vega, alias El Kevin, el sujeto que el 30 de septiembre pasado resultó herido durante un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada en un poblado de Badiraguato y al que personal militar le había dado los primeros auxilios. El cuerpo fue identificado por sus familiares gracias a sus tatuajes. 

Esta mañana, en entrevista para Radio Fórmula, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez señaló que El Kevin fue asesinado alrededor de las 23 horas del sábado 4 de abril y las causas oficiales son “alteraciones encefálicas y viscerales producidas por proyectil de arma de fuego, penetrantes en cráneo, tórax y abdomen.”
Esa noche, El Kevin era trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja custodiada por varias unidades militares para que recibiera atención médica en una clínica de Culiacán. Al llegar a la capital sinaloense, por la carretera Norte, el convoy fue emboscado por varias camionetas en las que viajaban hombres armados que trabajaban con El Kevin. El resultado fue de cuatro soldados muertos, diez heridos y varias unidades quemadas. El Kevin fue rescatado por el grupo de sicarios y desde entonces no se volvió a saber de él.
Horas más tarde, visiblemente enojado, el general Rogelio Terán Contreras, a cargo de la Novena Zona Militar en Culiacán (días después sería removido a la Trigésima Séptima Zona Militar en Tecamac, Estado de México), aseguró que el Kevin estaba siendo atendido por un elemento militar que horas después perdería la vida en la emboscada.

“Estaba siendo atendido por un elemento militar en un hospital de Badiraguato que más tarde perdiera la vida, o sea que después de salvarle la vida al delincuente, fue asesinado nuestro compañero por integrantes del mismo grupo delictivo de la persona a la cual estaba ayudando, atendiendo, curando”, aseguró.

La emboscada contra los soldados generó una ola de cateos, detenciones y aseguramientos por parte de la SEDENA en Culiacán. 
El cuerpo del Kevin  despues de los resultados de las pruebas de ADN que confirmaron su identidad ya fue entregado a sus familiares. 


Ejecutan a El Kevin, al que Sicarios rescataron de Militares en Culiacán tras emboscarlos y dar muerte a varios soldados

marzo 8, 2017 // 0 Comentarios

Su nombre es Julio Óscar Ortiz Vega, quien provocó la muerte de cinco militares y 10 heridos cuando el convoy que lo trasladaba fue emboscado en la entrada norte de Culiacán

Navolato, Sinaloa.- El cuerpo localizado la mañana del pasado domingo en el área de estacionamiento de un negocio en Navolato de acuerdo a fuentes allegadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue reclamado por supuestos familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense con el nombre de Julio Óscar Ortiz Vegas, alias El Kevin.

Foto del Kevin que mostraron autoridades después de su rescate.

Se trata de la persona quien la madrugada del 30 de septiembre presuntamente había sido rescatada violentamente por un grupo fuertemente armado; en la emboscada fueron asesinados cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 10 más habían logrado sobrevivir.

Hasta el transcurso del día de hoy, el cuerpo no había sido entregado a sus familiares porque de acuerdo a fuentes consultadas, se necesitaba realizarle las pruebas de ADN para confirmar su identidad.

El hallazgo

El cuerpo de quien se presume podría tratarse de El Kevin, fue encontrado envuelto en una lona publicitaria en la colonia La Primavera del municipio cañero, cerca de las instalaciones del Ayuntamiento. Presentaba huellas de tortura, además de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, se indicó que fue arrastrado porque en algunas partes de su cuerpo no tenía piel.

La vez que fue rescatado, El Kevin era trasladado desde Badiraguato por personal que le había dado auxilio por heridas de balas que presentaba tras un enfrentamiento suscitado en la zona serrana. Al llegar a Culiacán, delincuentes armados abrieron fuego en contra del personal castrense; Julio Óscar fue bajado de una ambulancia de Cruz Roja y después se lo llevaron del lugar.

El grupo armado durante dichas acciones hizo arder varios vehículos de la Sedena; asimismo, varias viviendas de un fraccionamiento ubicado en esa zona fueron dañados por los proyectiles.

Desde ese momento se implementó un fuerte operativo militar en todo el estado, particularmente en Culiacán, donde se realizaron decenas de cateos; los primeros se efectuaron en el poblado de Paredones, en la sindicatura de Jesús María, donde se logró recuperar armamento, radios de comunicación, ranchos, animales exóticos y vehículos.

Siguen los tiroteos en Reynosa, Tropas del Ejército y la Marina se despliegan

marzo 2, 2017 // 0 Comentarios

Tropas del Ejército y la Marina se desplegaban la madrugada de hoy jueves en operativos de búsqueda por aire y tierra con incursiones en diversos sectores de la ciudad de Reynosa, en una caótica jornada de tiroteos , persecuciones y avenidas atestadas de ponchallantas.

Al resurgir el escenario de emergencia luego de una tregua de cinco días en tensa calma, el Ayuntamiento de Reynosa activó anoche a las 23:23 horas el Semáforo Naranja de contingencia con situación de riesgo confirmada en un sector de la ciudad.

En las cuentas certificadas de Facebook y Twitter, el gobierno municipal emitió una alerta a la población: ‘‘Posible situación de riesgo y ponchallantas en ambos sentidos del Libramiento Monterrey a la altura de la entrada a la colonia Puerta del Sol. Se recomienda tomar precauciones y evitar circular por la zona’’.

DESDE ANOCHE

Los tiroteos y el sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas fueron reportados a partir de las 22:40 horas por ciudadanos en redes sociales y emitieron advertencias para alerta r a la población de tomar precauciones en diversos puntos de la ciudad.

Los sectores bajo riesgo esta madrugada se localizaban en las colonias Vista Hermosa, Villa Florida Sector A y Sector B, San Valentín, Villas del Roble, Puerta del Sol, Esfuerzo Popular, Bugambilias, así como en áreas ubicadas en la carretera a Monterrey, Central de Abastos, oficinas del ITAVU, Boulevard Mil Cumbres, Boulevard del Maestro, Boulevard Hidalgo y Libramiento Monterrey.

Reportes específicos ubicaban ponchallantas en el kilómetro 40 de la carretera a Monterrey, además de la presencia de fuerzas militares.

DESDE EL AIRE

Asimismo se recomendó evitar circular por el libramiento saliendo de la Quinta Blayser y la Central de Abastos donde grupos de desconocidos arrojaban estrellas metálicas al pavimento.

En sitios web especializados en alerta ciudadana, se difundían videos en línea donde se observaba un helicóptero dirigiendo reflectores de luz hacia zonas pobladas, sin disparar, en coordinación con las tropas que se movilizaban en tierra. 

El despliegue de infantes y militares se mantenía en la madrugada todavía hasta el cierre de edición a las 02:00 horas con reportes de detonaciones de armas de fuego y sobrevuelo de al menos un helicóptero de las fuerzas federales.

Hasta el momento no se disponía de ninguna información oficial sobre el motivo de los operativos que en la segunda mitad de febrero dejaron un saldo de 14 muertos en esta frontera en un lapso de nueve días.

Las Fuerzas Armadas lo dan todo sin pedir nada

febrero 23, 2017 // 0 Comentarios

Resultado de imagen para militares combate al narco
Nuestro país enfrenta un gran reto en materia de seguridad pública desde hace varios años. Los grupos criminales se han ido apoderando, poco a poco, de pueblos, colonias, ciudades y regiones enteras, corrompiendo autoridades o simplemente deshaciéndose de ellas y de todo aquel que se ha atrevido a enfrentarlos.

Todo ello afecta la estabilidad y la gobernabilidad del país, incrementa la percepción de inseguridad en la ciudadanía y perjudica la imagen de México en el extranjero.

En este camino en el que la delincuencia ha avanzado, las policías estatales y municipales han quedado siempre muy mal paradas. Por amenazas, homicidios o sobornos han caído en las redes criminales o simplemente se han visto rebasadas en número, preparación o armamento por quienes se dedican a traficar con drogas, armas y personas.

De esta manera es como se ha hecho necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de diversos estados del país, con el objetivo fundamental de enfrentar las amenazas y peligros que afectan la paz pública y la tranquilidad de las familias. Y lo han hecho tan sólo por el deber que tienen de velar por la seguridad y la integridad de los mexicanos.

Desde luego, existen voces que no están de acuerdo en que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea participen en estas actividades, pero la realidad es que, si no fuera por ellos, nuestra sociedad y su futuro estarían perdidos.

Es verdad que los soldados y marinos no fueron entrenados para cuidar, ante la delincuencia, las calles, pero no es menos cierto que los que tienen a su cargo dicha labor, lamentablemente y por diversas razones, no han podido salir adelante. Estoy seguro de que no ha sido por falta de voluntad o por descuido de sus deberes, pero eso tampoco cambia el resultado.

También es verdad que los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en desventaja ante la delincuencia organizada, ya que no cuentan con las leyes que los ayuden a desarrollar dichas actividades ni mucho menos que los defiendan ante posibles eventualidades. Por eso resulta más que necesario que, a la brevedad posible, cuenten con reglas claras que los ayuden a llevar a cabo esta delicada misión, con la certeza de hacer lo correcto y de que nadie se los recrimine jamás.

Afortunadamente, muchos ya nos hemos dado cuenta de ello y hemos pugnado por la expedición de una ley de seguridad interior en la que se establezca cuándo y cómo deben intervenir para garantizar la seguridad de la sociedad, en un marco de respeto a los derechos humanos, de transparencia y de rendición de cuentas que evite excesos y brinde certeza jurídica a todos, pero, principalmente, que fortalezca las instituciones de seguridad pública que hoy tienen carencias que les impiden cumplir adecuadamente con su labor.

Esta ley deberá establecer también las herramientas, los mecanismos de coordinación, los alcances y las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno, así como definir las atribuciones y competencias de todos los involucrados en la seguridad pública.

Quiero dejar claro que no se trata de legislar al vapor, pero sí con la idea de no dejar pasar más tiempo para cumplir con esta serie de objetivos. Tampoco se trata de dejar fuera de la discusión a nadie, sino de contar con la participación de expertos en el tema, académicos, legisladores y, por supuesto, los representantes de las propias Fuerzas Armadas y de los distintos cuerpos policiacos.

Estoy seguro de que, con la participación de todos, lograremos hacer una buena ley que proporcione seguridad a los mexicanos, que fortalezca y dignifique a las policías y que reconozca el compromiso y la lealtad de los soldados y marinos con su país.

Las Fuerzas Armadas lo dan todo sin pedir nada, por eso lo menos que podemos hacer es otorgarles la seguridad de que, en su noble labor, siempre encontrarán la protección y el apoyo de la ley.

Las Fuerzas Armadas lo dan todo sin pedir nada

febrero 23, 2017 // 0 Comentarios

Resultado de imagen para militares combate al narco
Nuestro país enfrenta un gran reto en materia de seguridad pública desde hace varios años. Los grupos criminales se han ido apoderando, poco a poco, de pueblos, colonias, ciudades y regiones enteras, corrompiendo autoridades o simplemente deshaciéndose de ellas y de todo aquel que se ha atrevido a enfrentarlos.

Todo ello afecta la estabilidad y la gobernabilidad del país, incrementa la percepción de inseguridad en la ciudadanía y perjudica la imagen de México en el extranjero.

En este camino en el que la delincuencia ha avanzado, las policías estatales y municipales han quedado siempre muy mal paradas. Por amenazas, homicidios o sobornos han caído en las redes criminales o simplemente se han visto rebasadas en número, preparación o armamento por quienes se dedican a traficar con drogas, armas y personas.

De esta manera es como se ha hecho necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de diversos estados del país, con el objetivo fundamental de enfrentar las amenazas y peligros que afectan la paz pública y la tranquilidad de las familias. Y lo han hecho tan sólo por el deber que tienen de velar por la seguridad y la integridad de los mexicanos.

Desde luego, existen voces que no están de acuerdo en que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea participen en estas actividades, pero la realidad es que, si no fuera por ellos, nuestra sociedad y su futuro estarían perdidos.

Es verdad que los soldados y marinos no fueron entrenados para cuidar, ante la delincuencia, las calles, pero no es menos cierto que los que tienen a su cargo dicha labor, lamentablemente y por diversas razones, no han podido salir adelante. Estoy seguro de que no ha sido por falta de voluntad o por descuido de sus deberes, pero eso tampoco cambia el resultado.

También es verdad que los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en desventaja ante la delincuencia organizada, ya que no cuentan con las leyes que los ayuden a desarrollar dichas actividades ni mucho menos que los defiendan ante posibles eventualidades. Por eso resulta más que necesario que, a la brevedad posible, cuenten con reglas claras que los ayuden a llevar a cabo esta delicada misión, con la certeza de hacer lo correcto y de que nadie se los recrimine jamás.

Afortunadamente, muchos ya nos hemos dado cuenta de ello y hemos pugnado por la expedición de una ley de seguridad interior en la que se establezca cuándo y cómo deben intervenir para garantizar la seguridad de la sociedad, en un marco de respeto a los derechos humanos, de transparencia y de rendición de cuentas que evite excesos y brinde certeza jurídica a todos, pero, principalmente, que fortalezca las instituciones de seguridad pública que hoy tienen carencias que les impiden cumplir adecuadamente con su labor.

Esta ley deberá establecer también las herramientas, los mecanismos de coordinación, los alcances y las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno, así como definir las atribuciones y competencias de todos los involucrados en la seguridad pública.

Quiero dejar claro que no se trata de legislar al vapor, pero sí con la idea de no dejar pasar más tiempo para cumplir con esta serie de objetivos. Tampoco se trata de dejar fuera de la discusión a nadie, sino de contar con la participación de expertos en el tema, académicos, legisladores y, por supuesto, los representantes de las propias Fuerzas Armadas y de los distintos cuerpos policiacos.

Estoy seguro de que, con la participación de todos, lograremos hacer una buena ley que proporcione seguridad a los mexicanos, que fortalezca y dignifique a las policías y que reconozca el compromiso y la lealtad de los soldados y marinos con su país.

Las Fuerzas Armadas lo dan todo sin pedir nada, por eso lo menos que podemos hacer es otorgarles la seguridad de que, en su noble labor, siempre encontrarán la protección y el apoyo de la ley.

Comando armado Ataca a Policía Militar en Guamuchil

febrero 19, 2017 // 0 Comentarios

Guamúchil, Sinaloa.- A decir del Comandante del 42 Batallón de Infantería, Rogelio García Pérez, elementos a bordo de dos unidades automotrices fueron atacadas por un grupo armado entre el poblado de la Higuerona y Caitme, perteneciente a Salvador Alvarado.

Los hechos se registraron a las 12:30 horas de hoy domingo.

Luego de ser atacados, personal militar busco por las inmediaciones de la localidad a los agresores con ayuda de un helicóptero.

Rápidamente elementos de seguridad llegaron a brindar apoyo, policía militar del 42 batallón de Infantería, Policía Federal y Policía Municipal.
APARENTEMENTE, FUERON 4 PRESUNTOS DELINCUENTES QUIENES ABRIERON FUEGO EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MILITAR, CUANDO SE ENCONTRABAN EN UN OPERATIVO DE VIGILANCIA POR LA ZONA.

Fue asegurada una camioneta donde se hallaron diversas armas.

El supuesto “narcogeneral” que el imbecil de Fox aplastó

febrero 19, 2017 // 0 Comentarios

El supuesto “narcogeneral” que Fox aplastó
Tiene 71 años y trabaja como obrero. Sin embargo, la vida de Ricardo Martínez Perea no siempre fue así. Hace 15 años era general brigadier, pero su sino se opacó cuando el entonces presidente Vicente Fox lo acusó de ser protector del narcotraficante Gilberto García Meza.
En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció al último oficial táctico del Ejército mexicano, el general brigadier Ricardo Martínez Perea. Lo acusó públicamente, desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico. La justicia militar cumplió rigurosamente la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo condenó a 15 años de prisión, tal como lo había anunciado el gobernante.
Pese a las irregularidades procesales y de que sus supuestos protegidos obtuvieron su libertad, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit, junto a delincuentes que él mismo había detenido.

El 5 de abril del año pasado salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías. Y ahora, a sus 71 años, sigue con su batalla legal cuesta arriba para que la justicia militar lo declare inocente, pues nunca se demostró su culpabilidad.

No obstante, el Supremo Tribunal Militar se niega a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y procurador general de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.

La única prueba en contra de Martínez Perea fue un anónimo que lo acusó de proteger al Cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, asentado entonces en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La búsqueda del reconocimiento de inocencia es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos; sobre todo la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido, aun cuando tenía una década por delante como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos.
Trabajador ocasional

Despojado de su grado y de sus haberes, y con la deuda familiar para el pago de su defensa, Martínez Perea ahora se ocupa en una fábrica de autopartes en San Luis Potosí. Por su edad y su antecedente en prisión, no puede aspirar a más.

“Estoy trabajando como obrero eventual en una empresa japonesa en el área de control de calidad. Son piezas de carburadores que no deben tener ningún desperfecto. Me pagan 140 pesos al día… cuando hay trabajo.

“Me han ofrecido empleo en empresas de seguridad, pero no puedo por mis antecedentes penales”, dice en entrevista el general brigadier, cuya hoja de servicios incluye 29 reconocimientos por escrito de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por sus aseguramientos de droga, dinero y bienes a narcotraficantes. La mayoría, irónicamente, en Tamaulipas.

En una precariedad similar están los coacusados en el mismo caso, el capitán de caballería Pedro Maya Díaz y el teniente de caballería Javier Antonio Quevedo Guerrero, quienes también estuvieron 15 años en prisión. El general y los oficiales fueron acusados de “delitos contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera con el narcotráfico”.

Vicente Fox tenía apenas cuatro meses en el poder, pero su gobierno ya tenía encima una gran carga conocida internacionalmente: la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande Jalisco, el 19 de enero de 2001, a sólo mes y medio de haber llegado a Los Pinos.

Prófugo durante los dos sexenios del PAN, el exlíder del Cártel de Sinaloa está ahora en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, en espera de ser enjuiciado por la justicia estadunidense, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo extraditara el 19 de enero pasado, justo a los 16 años de habérsele escapado al gobierno de Fox.

Aquella primera fuga de Guzmán ponía en riesgo la certificación que entonces el gobierno estadunidense hacía de México en cuanto al combate al narcotráfico, y que se traducía en asistencia en la materia, pero sobre todo en el apoyo de Washington.

El 6 de abril de 2001, Fox aprovechó una coyuntura internacional para mencionar la captura del general. De visita en Colombia, en donde asistió a una reunión del Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela), se refirió a lo que un día antes había anunciado su entonces vocera, Marta Sahagún: las detenciones del general brigadier Ricardo Martínez Perea, del capitán segundo de caballería Pedro Maya Díaz y del teniente de caballería Javier Antonio Quevedo Guerrero.

En conferencia de prensa con el entonces presidente colombiano, Andrés Pastrana, abundó: “Una acción como la que se realizó el día de ayer…, donde queda detenido y encarcelado un general del Ejército mexicano, junto con otros de sus colegas, al igual que 19 narcotraficantes y más de 20 toneladas de droga incautadas, son actos que generan confianza”, respondió cuando fue cuestionado sobre la certificación de Estados Unidos.

En realidad el general ya tenía varios días preso y se encontraba incomunicado. “El 3 de abril de 2001 fui detenido en Nuevo Laredo y trasladado en avión a los separos de la Policía de Justicia Militar, en el Campo Militar número 1 (CM1) de la plaza de Ciudad de México.

“A los dos días me pusieron una defensa y no me dejaron poner un abogado de mis confianzas. Yo declaré lo que era, que las acusaciones eran falsas”, relata en entrevista en la Ciudad de México, donde sigue buscando que la justicia militar le reconozca su inocencia.
Justicia denegada

Apenas en enero pasado, el Supremo Tribunal Militar se negó a darle entrada a su petición. Después de una audiencia en la que solicitó la presencia del propio Fox y de 14 generales, entre ellos el general Clemente Vega García, la justicia castrense le dijo que no procedía el recurso por no presentar pruebas nuevas. La negativa, de acuerdo con el general Martínez Perea, viola un amparo que obtuvo para que le admitieran la presentación de los testigos.

Tras su primera declaración y de estar incomunicado durante dos días en los separos de la Policía Judicial Militar, fue ingresado formalmente a la prisión del CM1. Ahí estuvo ocho años. La otra mitad de su condena la pasó entre Tepic, Morelos e Islas Marías.

En Morelos estuvo en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, al sur de Cuautla, a donde llegó procedente de Nayarit. “Me trataron como a un loco”, refiere como respuesta ante sus quejas de que su salud quedó afectada. Después lo regresaron al Centro Federal de Readaptación Social número 4, El Rincón, en Tepic.

Luego lo trasladaron a la colonia penal federal Islas Marías, también en Nayarit. Estuvo en el módulo Laguna del Toro, donde vivió, en febrero de 2013, el motín de 650 reos que quemaron colchones y muebles en protesta por las condiciones de prisión y que dejó cuatro custodios lesionados.

También estuvo de servicio en Oaxaca, donde destacó asimismo por aseguramientos relacionados con el narcotráfico y por detenciones de agentes de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al momento de su arresto en Tamaulipas llevaba aseguradas 80 toneladas de mariguana, varios kilos de cocaína, armas, vehículos, joyas y dinero. “Tengo las felicitaciones de los comandantes de la Región Militar y de la Zona Militar por esas acciones, incluidas del propio general Clemente Vega”.

Cuando fue ingresado al módulo Laguna del Toro, en las Islas Marías, se encontró con narcotraficantes a los que había detenido en Tamaulipas, entidad controlada entonces por el Cártel del Golfo, cuyo líder era Osiel Cárdenas, quien fue extraditado en 2007 a Estados Unidos, donde tres años después fue condenado a 25 de prisión.

“En Islas Marías había mucha gente a la que yo había detenido. No había duda de que me querían perjudicar de cualquier forma porque yo nunca dejé de defenderme”, dice Martínez Perea, quien ingresó a los 20 años al Colegio Militar.

En ese módulo estaba también uno de los responsables de la decapitación de nueve soldados en Chilpancingo, Guerrero, en diciembre de 2008. “No será la primera cabeza que corte”, cuenta el general respecto del acoso al que lo sometió ese interno. La confrontación fue inevitable, pero el general se ganó el respeto y la confianza de otros presos, a quienes ayudaba en sus procesos penales.

“El June”: captura y liberación”

Mientras daba esas peleas, su supuesto protegido, Gilberto García Meza, El June, obtenía su libertad a través de un amparo por violaciones al debido proceso, pues el cateo para su detención fue considerado ilegal por la justicia federal. De esa manera, se anuló la pena de 43 años de prisión a los que había sido condenado.

Martínez Perea supo de la detención del June a los nueve días de entrar a la prisión del CM1. “Nos enteramos por la televisión de que hubo otro cateo en la casa del June y que lo encontraron en un compartimiento secreto”, dice sobre Gilberto García, acusado de ser el número 2 del Cártel del Golfo y que fue detenido en la población Guardados de Abajo, en Camargo, Tamaulipas.

La acusación de la PGR y de la justicia militar señaló que Martínez Perea le daba protección y que en un cateo previo le avisó, a través del capitán Maya y el teniente Quevedo, para que escapara.

El general sostiene que la PGR y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) mintieron. Afirma: El general retirado Macedo de la Concha, entonces a cargo de la PGR, “se había parado el cuello con Vicente Fox de que él no tenía miedo a los generales” para enfrentar al narcotráfico. “Lamentablemente con nosotros sí pudo porque se unió con la PGJM”.

El entonces titular de la PGJM, el general Jaime López Portillo Robles, declaró a la prensa que el general y sus oficiales habían sido consignados ante el juez tercero Militar, el coronel Luis García Arévalo, por delitos contra la salud y acopio de armas.

“Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias y agotaremos todas las instancias, con tal de dar con todos los implicados”, aseguró el procurador militar al periódico Reforma luego de que se anunciara la detención de Martínez Perea.

La justicia militar cumplió: lo mantuvo en prisión hasta el último día de la condena de 15 años de prisión, sin importar las violaciones procesales en el caso y sin más prueba que un anónimo, en el que por lo demás no se le menciona.

El 10 de febrero del año pasado, un peritaje de la propia justicia militar desacreditó a ese anónimo, el cual Martínez Perea quiere hacer valer para el reconocimiento de su inocencia.
Para él no hay duda de que en sus labores de aseguramiento “pisé algo que no debía”. Cuenta que también a través de la televisión en la prisión militar se enteró de una publicación de la revista Proceso en la que Vicente Fox aparecía en una fotografía con el entonces gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y Rolando Pérez Salinas, El Rolis o El Role.

“Ahora resulta que Yarrington está acusado de protección y colaboración con el narcotráfico cuando yo era comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado”, mientras que Pérez Salinas fue señalado también como narcotraficante, dice.

Sobre las violaciones a su proceso señala que cuando lo arrestaron no fue informado de las acusaciones, además de que se le detuvo sin orden judicial de aprehensión. Más aún, lo mantuvieron incomunicado por más de 48 horas.

Las intimidaciones

Martínez Perea asegura que la justicia militar lo intimidó al decirle que el capitán Maya y el teniente Quevedo ya habían declarado en su contra.

Al inicio de la acusación, refiere, el gobierno de Fox difundió información en los medios para insistir en los cargos, y siempre fue tratado como culpable tanto por la justicia militar como la civil, sin que se le diera acceso a su expediente al inicio del proceso penal.

Más grave aún, dice, es que no le permitieron tener como prueba un careo con Gilberto García Mena. La justicia militar alegó que no había capacidad para trasladarlo al penal del Altiplano, donde entonces estaba El June.

Martínez Perea afirma que la justicia militar también presentó en su contra testigos de oídas, así como a elementos del 21 Regimiento de Caballería que fueron torturados para que lo acusaran; la señala también de haber sido omisa ante declaraciones, frente al Consejo de Guerra, de policías judiciales militares en el sentido de que no pudieron corroborar la información del anónimo, hecho llegar desde la Ciudad de México a la Sección Segunda del Ejército, la encargada de la información de inteligencia.

Asegura que en su caso se presentaron 52 testigos y 20 testimonios de civiles, ninguno de los cuales, dice, hizo imputación alguna en su contra.

Al inicio del proceso, el general Vega García –entonces titular de la Sedena– recibió a su esposa y a dos de sus hijas. Les pidió que esperaran porque la noticia sobre su detención la había mencionado el presidente de la República en el extranjero.

En una segunda audiencia con los familiares de Martínez Perea, el general Vega actuó. “A ver, le dijo a uno de sus ayudantes: habla con el procurador (militar) para que (Martínez) Perea ya se vaya a trabajar otra vez. Hasta los acompañaron en un auto oficial cuando salió de la Sedena”, refiere el general.
Sin embargo, “a los cinco o seis días me convocaron a Consejo de Guerra, donde fui condenado a 15 años de prisión”.

Ejército mexicano: El ‘cuestionario’ de la muerte

febrero 13, 2017 // 0 Comentarios

La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a “un intenso interrogatorio” a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.

El Ejército Mexicano no espera a que las leyes le permitan saltarse a la autoridad civil en la lucha contra el narcotráfico. 

Los soldados tienen órdenes de capturar a sospechosos y realizar indagatorias, dando por hecho que policías y ministerios públicos “se harán los desentendidos”. Incluso tienen un instrumento para infringir la ley: el “cuestionario inteligente”, que aplican a los detenidos antes de entregarlos a la PGR. Cuando los acusan de violar los derechos humanos, los generales no tienen objeción para que paguen los subalternos que cumplieron sus directivas.

Como parte de la “guerra al narcotráfico”, el Ejército Mexicano se arrogó funciones del Ministerio Público federal para investigar delitos. Contrario a la Constitución, que faculta sólo a las procuradurías de justicia para realizar indagatorias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró un “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria a todos los detenidos por hechos relacionados con el narcotráfico.

El cuestionario se derivó de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, emitida durante el gobierno de Felipe Calderón, en la que se dieron amplias atribuciones a los militares para enfrentar a los cárteles de la droga y que fue puesta en práctica de forma discrecional por los mandos castrenses.

El cuestionario tiene más de 100 preguntas que se realizan según las circunstancias: si se trata de civiles, policías, extranjeros, armas, estupefacientes, vehículos, dinero o laboratorios clandestinos de droga. Los interrogatorios comienzan en los lugares de los hechos y continúan en los cuarteles militares; después los detenidos son presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).

La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a “un intenso interrogatorio” a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.

Algunos interrogatorios acabaron en la muerte de los detenidos, como el puesto en práctica por el llamado Pelotón de la Muerte, en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua que la Sedena desplegó por instrucción presidencial.

Después de una década de operar bajo ese tipo de directrices, el Ejército y la Marina están por concretar su intenso cabildeo para que el Congreso les otorgue una Ley de Seguridad Interior que legalice su actuación de “restauración del orden interno”, no sólo en el futuro, sino la que despliegan actualmente.

El pasado martes 7, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, mandó llamar a los diputados en sus oficinas, de nueva cuenta, para urgirlos a sacar adelante la norma en el actual periodo ordinario de sesiones.

Las presiones del jefe militar para contar con la protección legal se han hecho también públicas. En diciembre último declaró ante la prensa que por la falta de un marco legal “los militares ya se la están pensando” para seguir en el combate al narcotráfico, pues temen terminar en la cárcel acusados de violaciones a los derechos humanos.

Entre las facultades que los militares buscan tener al amparo de esa ley está la de convertirse en máxima autoridad en un área de intervención cuando así lo decida el presidente de la República, a fin de “restaurar la estabilidad, seguridad o paz pública”.

De acuerdo con una iniciativa de ley presentada por el PRI, los militares podrían establecer destacamentos de seguridad y bases de operaciones móviles y fijas más allá de sus cuarteles, además de realizar acciones de intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, reconocimientos de seguridad y todas aquellas “que se consideren necesarias”.

La propuesta de ley que promueven los militares es una continuación de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico, elaborada según “la visión presidencial” en el sexenio pasado y de la que resultó el “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria para todos los jefes operativos del Ejército.

El cuestionario de la impunidad

El “cuestionario inteligente” se elaboró como parte del procedimiento ordenado para la actuación castrense en las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por fuerzas civiles y militares.

La directiva, revelada por este semanario en julio de 2014 (Proceso 1967), quedó a la interpretación de los jefes castrenses, pues ordenó a los comandantes actuar con “amplia libertad de acción”, “amplia iniciativa”, “mayor dinamismo” y “don de mando” para llevar a cabo “acciones contundentes” contra sus blancos u objetivos.

Fechado en marzo de 2007, el documento fue elaborado por el general Rogelio Armando Patiño Canchola, entonces jefe de la Sección Siete (Operaciones contra el Narcotráfico) del Estado Mayor de Defensa Nacional (EMDN) y ahora comandante de la XII Región Militar, con sede en Irapuato, Guanajuato.

El visto bueno fue del general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, en ese momento jefe del EMDN, y quien al principio del actual gobierno el general secretario lo designó director del Banjercito. En diciembre de 2015 Gaytán Ochoa pasó a retiro, frustrado en su intento de convertirse en el titular de la Sedena con Peña Nieto.

Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional con Calderón, fue quien aprobó la directiva y la promovió personalmente en las comandancias regionales y otras unidades militares en todo el país.

Para operarla, la Sedena definió “acciones de mando territorial”, entre las que se encontraban la captura en flagrancia y la vigilancia, así como la revisión, sin orden judicial, de hangares, bodegas, empresas de mensajería y paquetería, estaciones ferroviarias y terminales de autobuses y marítimas.

Otro blanco específico fueron los conductores de vehículos con placas sobrepuestas o sin placas que no comprobaran la propiedad de los mismos.

En todos esos casos, la Sedena señaló en sus órdenes de operación: “Cuando se detiene a personal civil, invariablemente se realiza un intensivo interrogatorio… con el propósito de obtener mayor información en el mismo sitio y que ésta sea explotada de forma inmediata”.

En el caso de aseguramiento de teléfonos celulares, radios u otros equipos de comunicación, la orden fue explotar la información de esos aparatos de forma inmediata, además de que los datos de personas, domicilios y vehículos debían ser corroborados con una base de datos de Recursos Humanos de la Sedena o de otras dependencias, incluidos los registros púbicos de la propiedad y el padrón vehicular.

También les ordenó consultar las bases de datos de las procuradurías y las policías. Eso sí, “con las reservas del caso y las instancias estrictamente indispensables”.

En sus acciones de mando se indica: “Cuando se detiene a personal tanto nacional como extranjero, en forma inmediata se procede de la siguiente forma:

“Se pasa una minuciosa revista y una inspección con el fin de detectar documentos, agendas, notas y cualquier otro documento que permita ubicar a posibles cómplices, estructura, pagos, actividades, etc., por parte del personal de las BB.OO.MM (Bases de Operaciones Mixtas), explotando la presencia de los agentes del Ministerio Público federal y del fuero común para garantizar que no haya posibles reclamos en contra del personal militar.”

Enseguida se ordena pasar al interrogatorio para “realizar trabajo de inteligencia”. Pero les advierte que en un primer momento deben evitar cuestionar a los detenidos sobre sus datos generales. Las indicaciones, subrayadas, piden preguntar sobre las operaciones de los detenidos: quién los contrató y dónde, cómo ingresaron a territorio nacional, a cuánto asciende su pago, quién y cómo les paga, quiénes son sus jefes y dónde se encuentran, quién o quiénes coordinan sus actividades, dónde están sus casas de seguridad, acopio de armas o sembradíos, dónde consiguieron las armas, vestuario o equipo y cómo se comunican con sus jefes.

Después, en un apartado titulado “Aspectos a considerar por parte de los mandos territoriales durante la aplicación del cuestionario inteligente”, precisa las informaciones “que se obtendrán invariablemente”, como los datos generales y las que resulten de “las entrevistas a conductores, personas que se encuentren en laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, personas detenidas con armamento, personas en posesión de dinero en moneda nacional o extranjera y hasta en el caso de las personas que hayan estado detenidas”.

Indica que el interrogatorio debe hacerse “con rapidez por parte del equipo de verificación inteligente”, al que recomienda memorizar las preguntas “para que se desenvuelvan los entrevistadores con rapidez y normalidad”, aunque también les permite hacer cuestionamientos adicionales para obtener más información.

Responsabilidad del Estado

La aplicación de la directiva y de los procedimientos, incluido el “cuestionario inteligente”, dejó a muchos militares en la cárcel, acusados de violaciones a los derechos humanos, como el subteniente de Infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández, preso en el Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, acusado de violencia contra las personas por la muerte de un civil en 2011, en Nuevo León.

En un escrito hecho llegar a este semanario, el oficial con 18 años y medio de carrera en el Ejército, seis de ellos en prisión, asegura que los militares ahora detenidos cumplieron órdenes de sus jefes, empezando por el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, para realizar “operaciones de alto impacto” contra el narcotráfico.

Cuando ocurrieron los hechos de los que se le acusan, el oficial estaba entonces bajo el mando del jefe de la Séptima Zona Militar, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, ahora secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, designado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

En su escrito, asegura: “Fuimos capacitados, adiestrados y adoctrinados para responder como militares (combatientes, en el sentido más amplio de la palabra), pero se nos usó como autoridades locales sin la respectiva capacitación (porque) las autoridaes estatales y municipales cómodamente delegaron su responsabilidad en nosotros”.

Dice que el resultado fue “una cantidad ingente de bajas colaterales” entre la población civil, mientras que muchos militares (oficiales y tropa) están en prisión, acusados de violaciones a los derechos humanos.

Explica que para cumplir con la directiva, en las instalaciones de todas las zonas militares se habilitaron oficinas llamadas Centro Coordinador de Operaciones, donde se reciben las denuncias ciudadanas. Ahí el oficial en servicio informa al comandante militar en los agrupamientos mixtos, en las Bases de Operaciones Mixtas o en las Bases de Operaciones Móviles, desplegados en zonas urbanas o rurales, y este último acude con la tropa al lugar indicado.

La “amplia iniciativa” que se dictó desde el sexenio pasado ordenaba: “si es gente armada en un domicilio, entra; si son vehículos sospechosos, los persigue hasta detenerlos; si es venta de droga, se introduce hasta donde la encuentre y asegura. En el cumplimiento de las órdenes dadas, el comandante no repara, a pesar de que esas acciones no le competen, sino al Ministerio Público y a los policías, que se han hecho los desentendidos”.

Con una sentencia inicial de 30 años de prisión por homicidio calificado, tortura y robo calificado, el subteniente se queja entonces de la situación en que han quedado quienes han cumplido esas órdenes:

“Cuando las misiones planteadas al oficial salen bien, todo mundo celebra la acción y está puesto a cobijar con su parentesco tal hecho. Pero si algo sale mal; es decir, si hay un daño colateral o aparece después una queja de violación a los derechos humanos, el agente del Ministerio Público (civil o militar) está muy presto a cumplir con su deber, que es sancionar al oficial y a la tropa implicados.”

El oficial y los soldados, continúa, son entonces acusados de numerosos delitos, pero “puede ser el caso que se presente personal de justicia militar para convencer a los jueces y magistrados civiles que impongan las penas máximas a los militares con el pretexto de mantener la disciplina militar”.

Sobre la directiva para el combate al narcotráfico en el sexenio pasado dice que, para su cumplimiento, los militares fungieron como policías de tránsito o policías federales de caminos. “Más grave fue que se revisaron hangares, bodegas o terminales de autobuses sin la orden de un juez o sin que estuviera presente el Ministerio Público”.

El subteniente Tadeo Hernández señala que de esa manera “se obligó al personal de oficiales y tropa a realizar acciones que lo pondrían en un problema legal y del cual no saldría bien librado”, mientras que los altos mandos que las ordenaron no se vieron inmiscuidos porque en todas las órdenes siempre se incluía la frase “respetar los derechos humanos”.

Molesto, se pregunta: “¿Dónde están ahora esos generales diplomados de Estado Mayor que idearon la directiva y exigieron resultados en el combate al narcotráfico? Ellos son intocables. Sólo los oficiales son llevados a la prisión militar con base en una averiguación previa hecha por la propia justicia militar”.

El subteniente asevera: “Yo acuso al Estado mexicano, pues fui adiestrado como militar y recibí y cumplí órdenes. Y ahora ese mismo Estado me mantiene preso por supuestos delitos cometidos durante una guerra o combate declarado por el titular de las Fuerzas Amadas en su momento.

“Se me capacitó para el combate y se me empleó para otra cosa, y al existir un supuesto daño colateral soy procesado y preso como muchos más compañeros de armas. Tal parece que para los altos mandos somos desechables.”
1 2 3 18